ESCUCHARJuan Pablo Suárez estuvo detenido 10 días en diciembre, luego de fotografiar la detención de un policía que reclamaba por su salario. Le imputan “incitación a la violencia colectiva contra las instituciones”.
El periodista Juan Pablo Suárez, director del portal Última Hora, de Santiago del Estero, podría convertirse en el primer imputado por la ley antiterrorista.
Suárez filmó la violenta detención del policía Nelson Villagrán, mientras se intentaba encadenar en la plaza central de la capital provincial, en el marco de los reclamos salariales de diciembre de 2013.
Ahora, a pedido del fiscal federal Pedro Simón, se enfrenta a cargos por sedición y por “incitación a la violencia colectiva contra las instituciones”, una figura que se agrava por la finalidad de “aterrorizar a la población”, según establece la ley 26734.
Las penas de prisión previstas para esos ilícitos oscilan entre los seis y los 12 años.
Tras el registro de las imágenes, la Justicia ordenó un allanamiento en la redacción de Última Hora y detuvo al periodista, quien pasó 10 días detenido y fue liberado el 19 de diciembre.
Caso testigo
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) rechazó el pedido que busca que se aplique contra el comunicador la legislación impulsada por el kirchnerismo. En un comunicado, la organización alertó sobre su posible uso como “limitante de los derechos de libertad de expresión” y como “condicionante del ejercicio del periodismo”.
“La ley no debe ser usada en contra de derechos humanos fundamentales, como el de expresarse a través de los medios de comunicación, ni para silenciar voces y opiniones”, indicó Fopea.
Paralelamente, el foro consideró que la causa judicial seguida en contra de Suárez es un caso testigo de la aplicación de la legislación penal a una tarea periodística y resaltó la peligrosidad que tiene el suceso.
“El ejercicio de la libertad de expresión es un derecho humano garantizado constitucionalmente de manera preferente, lo cual no puede dejar de ser contemplado por los fiscales como por los jueces”, remarcó.
Por su parte, la Fundación Libertad de Expresión+Democracia (LED) expresó su preocupación por la utilización de figuras penales de la ley antiterrorista contra periodistas.
Para la entidad, el caso de Suárez constituye una presión inadmisible al editor y al medio que conduce y tiene como finalidad “generar autocensura en otros trabajadores y medios de prensa, para evitar que se atrevan a cuestionar a los gobiernos de turno”.
Delitos
La ley antiterrorista fue aprobada en el Congreso Nacional y promulgada por Poder Ejecutivo en diciembre de 2011, en medio de cuestionamientos de la oposición, de movimientos sociales y de organismos de derechos humanos.
El articulado incorpora como agravante de todos los delitos del Código Penal su comisión con la finalidad de “aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.
No obstante, aclara que aquélla no se aplicará cuando los hechos tengan lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos, sociales o de “cualquier otro derecho constitucional”.
