Buscan ampliar figura de enriquecimiento ilícito a particulares

El diputado nacional Gustavo Fernández Mendía (del bloque Justicialista) presentó un proyecto de ley mediante el cual propone ampliar la figura del enriquecimiento ilícito a los particulares vinculados a funcionarios públicos. El texto del legislador pampeano extiende el tipo penal a las personas quienes, por su vinculación con el funcionario incurso en la conducta de enriquecimiento ilícito, “obtuviere ventajas o beneficios en la contratación de obras públicas o concesiones de servicios públicos, directamente relacionados con la irregular conducta en el desempeño del cargo”.
“Una de las principales preocupaciones de los argentinos en la actualidad es la corrupción, y ante la sola mención de esa práctica resulta casi inevitable relacionarla con la obra pública, sus contratos y las concesiones del Estado”, plasmó en los fundamentos del articulado.
Fernández Mendía agregó que cuando un funcionario público incurre en la figura delictiva se necesitan otros protagonistas que, con la actual legislación, son beneficiarios de “un régimen penal más laxo, pese a que el bien jurídico a proteger es el mismo”.
Además, remarcó que quienes ocupan un puesto público aceptan la carga de la inversión de la prueba a la hora de demostrar su evolución patrimonial y opinó que los que pretenden ser beneficiarios de los dineros o concesiones públicas tengan el mismo tratamiento.
“De igual manera, quienes ofician de prestanombres o testaferros, a sabiendas de que se ha cometido un delito contra el Estado y se constituyen en cómplices o al menos en partícipes necesarios, completando el circuito de la exacción de dineros gubernamentales merecen una sanción ejemplificadora”, manifestó.
Finalmente, el diputado planteó como cuestión prioritaria que se reintegren las sumas obtenidas indebidamente o el importe representativo de los beneficios, en forma independiente de la pena privativa de libertad.