Después de dos años de batalla legal, David Aruquipa y Guido Montaño hicieron historia en Bolivia al ser las primeras personas del mismo sexo que se registraron como pareja en el país, que no reconoce el matrimonio homosexual.
El trámite se concretó en el Registro Cívico de La Paz y la pareja obtuvo un documento que acredita su vínculo, denominado “unión libre”.
El acto sentó un precedente para otras personas de la comunidad LGBT en Bolivia.
La sentencia favorable que lograron Aruquipa y Montaño abre la puerta para que el Legislativo boliviano evalúe reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo.
En mayo de 2016, la Asamblea legislativa plurinacional de Bolivia sancionó la Ley de Identidad de Género. Desde entonces, las personas pueden rectificar su nombre en el registro civil mediante un procedimiento administrativo con base en una solicitud declarativa.
Mónica Bayá, abogada de la pareja y representante de la organización All Out, que apoyó su caso, declaró que “la sociedad de Bolivia todavía es muy conservadora, en muchos casos por desconocimiento de las implicancias que tiene la discriminación de la comunidad LGBT+ o por argumentos religiosos”.
Constitucional
Aruquipa y Montaño pudieron formalizar su relación luego de que, a mediados de este año, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz revocó una resolución del Registro Cívico de Bolivia (Sereci) que se opuso a darle validez a su unión, en 2018.
El tribunal dejó sin efecto aquella decisión apoyándose en la Opinión Consultiva número 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2017 señaló que “es obligación de los Estados reconocer los vínculos familiares de las personas del mismo sexo y protegerlos”.
El litigio se originó en octubre de 2018, cuando Aruquipa y Montaño, que llevan más de una década de relación, intentaron que su vínculo se inscribiera como unión libre al amparo del Código de Familia, que establece que las uniones libres entre un hombre y una mujer tienen los mismos efectos que el matrimonio civil, incluso en lo que atañe a los bienes y a los hijos de la pareja.
Cuando se presentaron ante el registro en La Paz, se negó a aceptar su solicitud alegando que no contaba con reglas a seguir.
Por ello, presentaron recursos administrativos en los cuales invocaron estándares internacionales de derechos humanos y principios constitucionales contra la discriminación.
Sin embargo, en una resolución dictada en septiembre de 2019, el registro nacional rechazó su reclamo.
En julio, el tribunal de La Paz la invalidó y dejó en claro que la Constitución boliviana exige que las leyes y los procedimientos administrativos se interpreten de manera congruente con los principios de igualdad y no discriminación, incluso en materia de orientación sexual.
También determinó que el registro violó el derecho al debido proceso de la pareja al no haber considerado las obligaciones jurídicas asumidas por Bolivia conforme al derecho internacional.
Al conocerse el resultado del litigio, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, declaró: “La decisión del tribunal de La Paz a favor de las uniones de personas del mismo sexo fortalece el principio de igualdad ante la ley, que representa un pilar fundamental de toda sociedad democrática”.
Por su parte, la defensora del pueblo, Nadia Cruz, expresó que el precedente “fortalece el principio de igualdad ante la ley y permitirá a esta y otras parejas del mismo sexo ejercer sus derechos sin discriminación”.
“Promiscuos”
Hace poco homosexuales y bisexuales dejaron de ser calificados “promiscuos” en Bolivia. Un decreto de 1997 los excluía de la posibilidad de donar sangre y la nueva norma, dictada a mediados del año pasado, eliminó la restricción.
La revisión de la legislación era impulsada desde 2016 por la Defensoría del Pueblo, en coordinación con grupos militantes del país, ante el Ministerio de Salud, para revertir la vulneración de sus derechos y la afectación a su dignidad.
En América Latina el matrimonio homosexual es legal en Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Brasil, Costa Rica y algunos Estados de México. Pese a ello, el tema sigue siendo objeto de debate a nivel político, social y religioso.