El caso se originó a partir de que la administración de un barrio privado presentó un certificado de acreencias por gastos comunes con intereses de 40%. La Cámara revocó lo resuelto en primera instancia El resto del contenido sólo es accesible para usuarios suscriptos al diario. Si estás suscripto, iniciá sesión con tu usuario/e-mail y tu contraseña.
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