ESCUCHARFuncionará para las causas vinculadas con violencia de género. El tema será tratado en el plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Las Comisiones de Reglamentación y de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación avanzaron en la creación del registro de denuncias presentadas contra magistrados y magistradas por situaciones vinculadas a violencia de género.
La iniciativa, que ahora será girada al Plenario, surge de un acuerdo amistoso internacional ante el Comité Cedaw (siglas en inglés de Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) que obliga al Estado argentino a llevar adelante la confección de un registro público de denuncias contra jueces. Al respecto, los consejeros coincidieron en la necesidad de dar inmediato cumplimiento al acuerdo.
La diputada y consejera Vanesa Siley advirtió que “la Justicia argentina tardó 15 años en determinar la condena para el agresor de Olga Díaz”, quien sufrió agresiones físicas, maltrato y amenazas por su entonces pareja, lo que motivó una causa penal cuyo trámite estuvo paralizado, sin contar con ningún dispositivo o medida de protección. El 24 de marzo de 2017, su ex pareja la apuñaló.
Tras el ataque, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, en representación de la víctima, denunció al Estado por no haber actuado de conformidad con la obligación de debida diligencia reforzada para prevenir hechos de violencia de género contra la mujer, especialmente por la falta de protección pese a que las autoridades conocían la situación de riesgo en la que se encontraba Díaz.
En este mismo sentido, el consejero-juez Alberto Lugones destacó la grave situación que atraviesa el país en materia de violencia de género. Un total de 47 femicidios fueron cometidos en los dos primeros meses del año, lo que equivale a una mujer asesinada cada 30 horas, según datos de la organización MuMalá. El informe también revela que 29% de las víctimas había denunciado a su agresor, pero sólo 19% tenía orden de restricción de contacto o perimetral y cuatro por ciento tenía botón antipánico.
“El Poder Judicial no puede permanecer ajeno. No podemos mirar para otro lado”, afirmó Lugones en la sesión que se desarrolló de forma virtual.
En la reunión se discutió si se debía “retirar” la anotación en el registro aquellas denuncias desestimadas, archivadas o finalizadas por el Jurado de Enjuiciamiento con la absolución del magistrado. El registro será público y detallará los diferentes estado del trámite ante el organismo.
Se incluirán todas las denuncias que versen sobre vulneración y afectación de derechos de mujeres y personas que integren el colectivo LGBTIQ, como también aquellas por discriminación por razones de género, inobservancia manifiesta de la normativa nacional e internacional en materia de género en el dictado de resoluciones y obstaculización mediante retardo o impedimento del acceso a la justicia.
