Autorizan a internos a usar celulares en la cárcel

La Corte de Justicia de la Provincia de Salta confirmó un hábeas corpus que habilitó el uso de teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios.

Se trata de una acción de hábeas corpus interpuesta por la Asociación Pensamiento Penal, que fue acogida favorablemente por la Justicia salteña al autorizar a las personas privadas de la libertad en el ámbito de la provincia a utilizar telefonía celular durante ocho horas semanales, y ordenó a la Subsecretaría de Políticas Penales que establezca un protocolo para el uso de tales medios de comunicación.

Esta decisión fue apelada por la Provincia con el argumento de que el “posible uso indebido de los aparatos telefónicos” implica un “riesgo para la seguridad pública (filmación o difusión de áreas y medidas de seguridad de la institución, de los rostros e identidad del personal penitenciario, comunicación irrestricta con las víctimas, entre otros), como para los propios internos (conflictos de convivencia)”.

También advirtió de que se incluyó “en el beneficio, de manera indiscriminada, a personas (acusadas y condenadas) por una variada gama de hechos, con la consecuente gravedad que ello implica».

En su voto, los jueces Guillermo Alberto Catalano y Sandra Bonari destacaron el “derecho que tienen los internos a comunicarse periódicamente con sus familiares, amigos, allegados, curadores y abogados”.

Los magistrados alegaron que la regla prohibitiva contenida en el artículo 160 de ley 24660 «admite su excepción si se atiende a las circunstancias excepcionales y específicas del caso que obligan a realizar una reflexión diferente y a efectuar una interpretación armónica con las restantes normas del ordenamiento jurídico».

Dicha normativa expresamente prohíbe las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles» (…). “Si el derecho a la comunicación es una regla básica y su obstaculización afecta el proceso de resocialización y la salud psicofísica de las personas privadas de su libertad, su impedimento vulnera los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional», concluyó el alto tribunal.