Aunque el trabajador no respetó los plazos, será indemnizado

El Tribunal Superior de Justicia cordobés priorizó el otorgamiento de la compensación que prevé el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, atento a la negativa patronal de reconocer el vínculo. [privado] Luego de considerar que el no respeto, por parte del trabajador, de los plazos requeridos para esperar la respuesta del empleador cuando se lo intima para la entrega de la certificación de servicios, perdió vigencia al haber negado el demandado la relación laboral, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó la condena a pagar al actor la multa establecida en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Asimismo, por mayoría rechazó la indemnización del artículo 15 de la Ley Nacional de Empleo (LNE) porque el desahucio no tuvo vinculación directa con el pedido de registración. Sin embargo, la minoría consideró que la norma establece una presunción que el demandado no logró desvirtuar. Observados La demandada señaló inobservados los arts. 3 del decreto Nº 146/01 y 80, LCT, pues el accionante intimó a la entrega de la certificación de servicios de manera simultánea con la colocación en situación de despido indirecto, sin respetar los plazos allí previstos. También consideró errónea la aplicación del art. 15 de la LNE, pues la razón principal del despido fue el impedimento de la patronal a prestar servicios. El Alto Cuerpo, integrado por Mercedes Blanc de Arabel, Luis Enrique Rubio y Carlos F. García Allocco -autor del voto-, señaló que “es inadmisible la crítica a la notificación que requiere la multa del art. 80 LCT -’ante tempus’”, argumentando que “la negativa de la relación laboral por parte del empleador y la finalidad del dispositivo (sancionar la renuencia), hacen perder relevancia a los plazos otorgados por el decreto Nº 146/01 para que se cumplimente con la entrega de la documentación que, evidentemente, la patronal no proporcionaría”. Al respecto, la mayoría (Rubio y García Allocco) indicó que “el Sr. Bravo emplazó a la demandada para su registración y, al mismo tiempo, pidió se le aclarara su situación contractual ante el impedimento -sin causa ni justificación- a ingresar a su lugar de trabajo”, añadiendo que “ese marco circunstancial demuestra que el escenario que generó la rescisión existía antes de la intimación en los términos de la Ley Nº 24.013 -incertidumbre en la continuidad laboral”. En virtud de lo expuesto, el Alto Cuerpo concluyó que “la presunción del art. 15 ib. debe desplazarse en tanto no se verifica relación directa entre el pedido de registración y la posterior medida extintiva”. Minoría Sin embargo, la vocal Mercedes Blanc de Arabel manifestó que “si bien es cierto que para el despido indirecto la norma contempla la posibilidad del empleador de eximirse de la sanción acreditando la falta de vinculación entre la decisión rupturista y la irregularidad registral y que su conducta no tuvo por objeto inducir al trabajador a colocarse en aquella situación, dichas circunstancias no pueden derivarse del sólo hecho de que en el emplazamiento a los fines de la subsanación de la clandestinidad laboral se incluyan otras causales de denuncia del contrato”. En consecuencia, atento a la votación en el fallo se resolvió “dejar sin efecto la sentencia en cuanto ordena el pago de la indemnización prevista en el art. 15 de la Ley N° 24013” y “por unanimidad, rechazarlo en lo demás”. Autos: “BRAVO GASTON C/ PIRRA JORGE - ORDINARIO - DESPIDO” RECURSO DE CASACION - 197290/37 [/privado]

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