Aunque desestiman despido indirecto, indemnizan la no registración laboral

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba admitió el recurso casatorio, haciendo lugar al planteo resarcitorio de un trabajador. También ordenó el pago de la multa correspondiente por falta de entrega de la certificación de servicios [privado]

Al interpretar que, cuando no se hace lugar a un planteo que solicita la indemnización por antigüedad, ello no implica de por sí que se rechace sancionar por incorrecta o por falta de registración laboral contenida en el artículo 1 de la ley 25323 (Indemnizaciones Laborales), el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) admitió un recursos de casación de la parte actora y ordenó a la demandada Tadar SA pagar el segundo resarcimiento referido.

Paralelamente, el Alto Cuerpo también dispuso el pago de la multa del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y la entrega de la certificación de servicios, bajo apercibimiento de astreintes y que sea confeccionada por el tribunal.

Cuestionamiento

El demandante Oscar Di Giacomo cuestionó el fallo del a quo en cuanto rechazó la sanción prevista en el artículo 1° de la ley mencionada, pese a encontrarse acreditada la deficiente registración del vínculo laboral y denunció que el tribunal entendió erróneamente que al no prosperar la indemnización del artículo 245 LCT, tampoco correspondía aquella multa.

El Alto Cuerpo sostuvo que el artículo 1 de la ley N° 25323 tiene como objetivo combatir el trabajo clandestino, estableciendo un incremento del doble de las indemnizaciones previstas por las leyes 20744 (art. 245) y 25013 (art. 7) o las que en el futuro las reemplacen, cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no esté registrada o lo esté de modo deficiente.

De igual modo, el accionante destacó que el a quo tuvo por acreditada la calidad de viajante del actor, incluyendo los salarios y aportes correspondientes que no habían sido inscriptos.

Finalmente, el trabajador reclamó que -al tratar la aplicación del artículo 80 LCT- omitió advertir que el trabajador no solicitó la multa del dispositivo sino la entrega de la documentación laboral correspondiente, considerando el demandante errónea la condición del cumplimiento de la intimación previa que exigió el a quo, desde que su pretensión fue sólo la entrega de la documentación pertinente.

Extemporánea

El TSJ integrado por los vocales Mercedes Blanc de Arabel, Luis Enrique Rubio y Luis Eugenio Angulo indicó que el a quo desestimó las indemnizaciones del despido porque entendió que la decisión del trabajador resultó extemporánea por prematura.

Asimismo, destacó de lo expresado en el fallo bajo revisión que arribó a una conclusión que también conducía a rechazar el agravamiento indemnizatorio, no obstante haberse demostrado la errónea registración del trabajador como viajante de comercio.

Bajo esas premisas, el Alto Cuerpo sostuvo que el artículo 1 de la ley N° 25323 tiene como objetivo combatir el trabajo clandestino, estableciendo un incremento del doble de las indemnizaciones previstas por las leyes 20744 (art. 245) y 25013 (art. 7) o las que en el futuro las reemplacen, cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no esté registrada o lo esté de modo deficiente.

En esa dirección, los vocales apuntaron que el dispositivo en cuestión ya no impone los recaudos que contemplaba la Ley Nacional de Empleo, en orden a la intimación que debía efectuar el trabajador durante la vigencia del vínculo.

El fallo agregó que esa norma tampoco exige que proceda la indemnización por antigüedad, sino que se refiere a las normas citadas como parámetros para fijar su cuantía.

Por ende, el TSJ afirmó que, verificada la irregularidad registral, no hay impedimento para ordenar la sanción respectiva y consideró que le asiste razón al recurrente con relación a su reclamo vinculado a que se le otorguen las certificaciones reguladas en el artículo 80 LCT.

Términos

La decisión indicó que los términos de la sentencia revelan que medió decisión del a quo acerca de la indemnización del mentado dispositivo por incumplimiento de la condición allí impuesta, pero nada dijo sobre la entrega de la documentación de que se trata.

Los vocales añadieron que en el libelo inicial el actor solicitó que el empleador le extendiera la documentación pertinente, no habiendo constancia de que ello fuera satisfecho, observando que no se desconoce que cierta doctrina postularía que carece de sentido -en la era de la cibernética- la exigencia formal de certificaciones otorgadas por el empleador en las que se documenten los aportes a la seguridad social y la prestación de servicios.

Sin embargo, el TSJ subrayó que “la realidad indica que los trabajadores, en particular los informales, precisan de dichos documentos para respaldar su periplo laboral y así se encuentra aún contemplado en la legislación (arg. art. 80 LCT)”.