El fiscal federal Carlos Rivolo inició el trámite para enviar a juicio oral y público la causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández, ocurrido el pasado 1 de septiembre de 2022, al correr vista a la querella que representa a la exmandataria para que se expida sobre si está agotada la instrucción o restan medidas complementarias.
Ahora, la querella de la Vicepresidenta que encabeza el abogado Juan Manuel Ubeira tiene seis días para responder y luego se dará vista a las defensas de los acusados antes de que la causa, a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, sea enviada a un Tribunal Oral Federal.
El intento de asesinato de Fernández de Kirchner se produjo el 1 de septiembre último cuando la exmandataria llegaba al edificio que habitaba en el barrio porteño de Recoleta, y mientras saludaba a la militancia que la esperaba, Sabag Montiel le apuntó a la cara con una pistola cargada y gatilló sin éxito.
En la causa además está detenida Uliarte, sindicada como coautora de la tentativa de homicidio, y Carrizo, quien supuestamente era empleador del atacante en el negocio de la venta de algodón de azúcar, como participe secundario del hecho.
En los últimos meses, en el expediente se debatió la posibilidad de intentar hacer un nuevo peritaje sobre el teléfono de Sabag Montiel que se reseteó hasta llegar al estado conocido como «de fábrica» en las primeras horas de la investigación, en uno de los primeros intentos por extraer la información allí guardada.
Sin embargo, la fiscalía requirió que se dejara sin efecto la medida solicitada por esa parte tras evaluar que no se había conseguido hasta ahora ninguna alternativa que permitiera avanzar con un intento de recuperación de información que no pusiera en riesgo la integridad del dispositivo electrónico.
A principios de marzo, la sala I de la Cámara Federal porteña pidió que los sospechosos sean sometidos a juicio oral y público como presuntos responsables del intento de magnicidio.
La recomendación partió de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, los que rechazaron un planteo de prisión domiciliaria para Carrizo, quien es considerado como jefe del grupo que planificó el intento de magnicidio e instaron a la jueza Capuchetti para que envíe el caso pase a instancia de juicio oral.
