La jueza María Eugenia Capuchetti le delegó a la fiscalía la investigación por el ataque a Cristina Fernández de Kirchner.
Así, Carlos Rívolo, quien ya impulsa el expediente, quedó a cargo de la pesquisa y llevará adelante las medidas de prueba y el seguimiento de pistas; tomara testimoniales, convocará a peritos y pedirá informes, y Capuchetti intervendrá cuando le pida allanamientos, detenciones e indagatorias.
La magistrada tomó la decisión cuando la querella presentaba ante la cámara los fundamentos de la recusación en su contra, anunciada el pasado día 10, en Twitter, y pedía medidas urgentes que ya propaló en las redes sociales.
Cuando los abogados de la vicepresidente formalizaron por escrito el pedido de su asistida, en duros términos Capuchetti la rechazó. Defendió su rol, las diligencias concretadas y las distintas medidas de prueba; y afirmó que es imparcial.
La jueza fustigó lo que definió como “descalificaciones de la querella hacia su investidura” y en términos personales, y sostuvo que son “propias de otros ámbitos y lejanas al ejercicio profesional del derecho”.
También aseguró que ninguno de los argumentos de los patrocinantes de la ex jefa de Estado evidencian la necesidad de su recusación ni temor de parcialidad sino sólo “disconformidad” con el resultado de medidas de prueba o decisiones jurisdiccionales.
“Mi imparcialidad se mantiene indemne y jamás se ha visto siquiera potencialmente afectada, ni en los hechos ni en el ánimo de la suscripta, por el manto de sospecha que la querella ha intentado deslizar en torno a mi rectitud en la función de jueza que ejerzo y seguiré cumpliendo”, enfatizó.
“Se impone recordar el compromiso que viene sosteniendo el juzgado en la investigación de estos hechos, cuya gravedad institucional y envergadura resulta palmaria y jamás escapó al entendimiento de quien suscribe, dada su trascendencia e implicancia para la República Argentina como Estado de derecho”, añadió.
Los letrados de Fernández de Kirchner insistieron y Capuchetti optó por encomendarle el trámite del expediente a Rívolo.
“Encontrándose la recusación ante ese tribunal, debo hallar un remedio procesal que propenda a la mejor administración de justicia y a la validez de los actos que se tomen, en lo sucesivo, con ese norte”, argumentó.
También respondió parte del planteo que hizo la defensa de la vicepresidente el martes, en el que pedía que se indague nuevamente a los tres detenidos y que se los acuse del delito de asociación ilícita, entre otras razones. “Debo señalar que la parte querellante reedita esta vez cuestiones que han sido oportunamente zanjadas por la suscripta o que se encuentran pendientes de revisión. Aún más, sobre dichas cuestiones no sólo ya he brindado una respuesta jurisdiccional suficiente sino que ha sido justamente sobre esas respuestas que se ha articulado el planteo recusatorio (de la misma querella), también pendiente de revisión por el tribunal de alzada”, enfatizó.
Además, aclaró que su resolución de ningún modo implica desconocer la expresa directiva de elevar cuando antes el caso a su etapa plenaria.