El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso del uso de armas no letales para detener a agresores.
La medida se formalizó con la resolución 704/24, publicada en el Boletín Oficial, que indica que el empleo de armas incapacitantes cuando fuera apropiado es para “restringir cada vez más el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes”.
No obstante, aclaró que se hará una “cuidadosa evaluación de la fabricación y distribución de armas no letales incapacitantes” a fin de reducir al mínimo el riesgo de causar lesiones a personas ajenas a los hechos. También estableció que “se controlará “con todo cuidado” su uso.
La resolución sostiene que las armas no letales son “imprescindibles” en situaciones en las que hay riesgo para personas ajenas al agresor; fundamentalmente, en lugares de alta concentración de público.
Además, establece que se podrán “coordinar funciones y jurisdicciones de las Fuerzas Policiales y de Seguridad nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
“Se dirigirá el esfuerzo nacional de policía, planificando y coordinando las acciones individuales y de conjunto de las Fuerzas de Seguridad y Policiales, atendiendo a todo lo que a ellas concierne en cuanto a su preparación, doctrina y equipamiento; y entender en la organización, doctrina, despliegue, equipamiento y esfuerzos operativos de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Policiales”, reza el texto.
Agregó que la Ley de Seguridad Interior (Nº 24.059) le otorga al Ministerio de Seguridad la facultad de “entender en la determinación de la organización, doctrina, despliegue, capacitación y equipamiento de la Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria” e intervenir en esos aspectos “con relación a Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina” en determinados casos.
Además, señaló que los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios establecen que “los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán una serie de métodos lo más amplia posible y dotarán a los funcionarios correspondientes de distintos tipos de armas y municiones de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego”.
BYRNA
Hace dos semanas, la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incorporó 500 armas de letalidad reducida para reforzar la seguridad en la jurisdicción.
Se trata de los dispositivos BYRNA, que se pueden cargar tanto con aire comprimido como con químicos y permiten desactivar amenazas a 20 metros de distancia.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, aseguró que la tecnología que se sumará permitirá actuar “en distintas formas de delito o de enfrentamiento con delincuentes”.
Jorge Macri aclaró que las BYRNA se diferencian de las TASER porque su letalidad es reducida y tienen más rango de alcance. “Es una escala anterior a utilizar un arma de fuego”, afirmó en entrevista desde el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), donde se realizó una demostración de funcionamiento.
El mandatario de la CABA aseveró que los dispositivos permitirán que los policías desactiven situaciones peligrosas. “Disparan municiones que pueden ser de impacto y pegar un golpe importante como para frenar a quien agrede, o pueden tener un químico en una especie de gas pimienta que también inhibe y molesta, pero que permite trabajar a 20 metros”, precisó.
Además, indicó que serán una “opción adicional” para los uniformados, ya que les permitirán disuadir a las personas que despliegan acciones riesgosas para terceros o para sí mismas.
Izquierda
A días del anuncio, la legisladora porteña del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Cele Fierro impulsó un proyecto de resolución pidiendo detalles acerca de la compra y manipulación de las Byrna, así como de su modalidad de compra y el valor por unidad, entre otros datos.
También reclamó conocer que fuerzas las portan y el tipo de capacitación recibieron y si el personal del SAME “está debidamente capacitado para la atención de personas con heridas y/o secuelas”.
En los fundamentos de su iniciativa, Fierro alegó que las pistolas “pueden disparar proyectiles cinéticos totalmente sólidos, o químicos u orgánicos, como balines que liberan una sustancia similar al gas pimienta al impactar, inhabilitando al atacante durante 30 minutos, con un alcance de hasta casi 20 metros”.
“Estarían diseñadas para incapacitar momentáneamente o disuadir a una persona que representa un peligro, proporcionando una opción no letal para manejar situaciones potencialmente peligrosas”, precisó, y planteó que “solo reducen la letalidad policial” cuando se las usa en los mismos casos en los que se utilizaría un arma de fuego.
Según la representante de la izquierda, hay riesgo de que lo que definió como “supuesta no letalidad” sea “excusa para habilitar su utilización en cualquier otra situación, como en contexto de movilizaciones”.
Fierro consideró que su suposición “implica un retroceso en materia de derechos humanos y democráticos”.
Además, enmarcó la adquisición de las BYRNA en la “situación de creciente crisis económica y convulsión social” y opinó que “profundiza la política de represión y criminalización de la protesta como única respuesta gubernamental a los problemas sociales”.