Aplican la ley de empleo doméstico al ser anacrónica la norma tomada en cuenta

El fallo admitió la casación interpuesta por la trabajadora accionante -quien se consideró despedida- y confirmó la existencia de un vínculo de trabajo, conforme la prueba producida [privado]

Al advertir la existencia de una relación de empleo e interpretando que con la sanción de la ley de los trabajadores de casas particulares, la normativa anterior que regulaba el empleo doméstico quedó anacrónica conforme las nuevas posturas que protegen al empleo y a la mujer trabajadora, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) admitió la casación presentada por la parte actora y ordenó que se le abone la indemnización conforme dicha normativa.

En el caso, Jenny Marlen Romero Pablo se agravió de la sentencia que rechazó su demanda contra de Ana Valeria Bettini y Rafael Gustavo Malbrán, al descartar la existencia de un vínculo laboral, según el régimen del decreto ley N° 326/56.

El fallo apuntó que no se tuvo en cuenta el tiempo transcurrido hasta el momento de la audiencia de vista de la causa “y las particularidades de la relación que difieren de la laboral ordinaria, tal como lo indican las máximas de la experiencia”.

Según la accionante, el tribunal a quo se ajustó exageradamente al estatuto en cuestión, sin tener en cuenta su anacronismo al dictar su fallo y siendo que ella acreditó que prestó servicios ininterrumpidos durante seis años, verificándose una vinculación de carácter laboral.

El TSJ integrado por los vocales Mercedes Blanc de Arabel, Luis Enrique Rubio y Luis Eugenio Angulo indicó que la jueza de grado desplazó todos y cada uno de los testimonios por no resultar precisos a los fines de acreditar la prestación de servicios para los demandados de lunes a sábados de 8 a 15, ya sea porque sólo compartían trayectos, o porque no la veían durante toda la semana o porque lo que conocían era por comentarios de Romero Pablo.

Quehacer cotidiano

El Alto Cuerpo indicó que como, lo admite la propia juzgadora, se trataba de determinar la existencia de un contrato de trabajo que se desarrolla en casas particulares, el ejecutado para satisfacer necesidades personales o familiares, del quehacer cotidiano de sus integrantes.

El fallo apuntó que no se tuvo en cuenta el tiempo transcurrido hasta el momento de la audiencia de vista de la causa “y las particularidades de la relación que difieren de la laboral ordinaria, tal como lo indican las máximas de la experiencia”.

La decisión observó que las declaraciones testimoniales “despeja toda duda, en orden a la prueba de la vinculación, con la modalidad denunciada, resaltando que la descalificación de todos y cada uno de los testimonios, luce desconectada de lo que manifestaron”.

El Máximo Tribunal agregó que lo propio aconteció con el reconocimiento que la dueña de casa hace de la carta de recomendación acompañada por la reclamante, máxime cuando en la oportunidad cambió su estrategia defensiva, pasando a sostener que prestaba servicios una jornada a la semana.

Cuadro probatorio

Frente a dicho cuadro probatorio, el TSJ derivó que, “la confesión ficta del codemandado Malbrán cobra importancia, aunque hubiera contestado en el memorial en otro sentido” y decidió que correspondía anular el pronunciamiento, analizando la ley aplicable y los rubros procedentes.

Así, el Alto Cuerpo consideró que la relación entre las partes tuvo lugar durante la vigencia del decreto-ley N° 326/56 -01/09/06 al 02/01/12-, pero advirtió que su consideración ”importaría volver a una normativa, resabio de un servilismo que debe quedar cultural y fácticamente, definitivamente olvidado”, intepretando que hoy “es un estatuto marcadamente discriminatorio y en pugna con la dignidad humana, fuente de la que derivan todos los demás derechos fundamentales”.

En esa dirección, el TSJ indicó que desde su sanción, “en nuestro país hubo un cambio en la concepción de la persona y particularmente de la mujer y el colectivo excluyente de aquel estatuto, son precisamente mujeres, migrantes, niñas y de comunidades desfavorecidas”.

En definitiva, los vocales concluyeron que el decreto-ley en cuestión “pierde vigencia por anacronismo, tanto que hoy no supera los estándares de trato igualitario y antidiscriminación de nuestra Carta Magna -arts. 33, 16, 14 bis-, también el 75, inc. 22 que le asigna a los tratados internacionales jerarquía constitucional -especialmente el Convenio de la OIT N° 189 de trabajo decente para los trabajadores domésticos- que le da mayor jerarquía que a la ley”.

Rubros reclamados

Sin perjuicio de lo anterior, el TSJ consideró que los rubros reclamados por la accionante estaban previstos en aquel ordenamiento, sólo que en la ley N° 26.844/13, los montos fueron mejorados.

En consecuencia, el alto cuerpo señaló que, producido el desahucio el 2 de enero de 2012 -así lo refiere la trabajadora-, el despido indirecto en el que se coloca con posterioridad no tiene efecto, agregando que el ingreso se emplaza el día 1/09/06, correspondiéndole una indemnización de siete períodos, preaviso, integración del mes de despido y sueldo anual complementario de 2010 y 2011 completos.

Finalmente, el fallo admitió la diferencia de haberes reclamadas por el término de la prescripción, de acuerdo a las sumas que surjan de la ley N° 26884.