ESCUCHARConcurriendo, a criterio de la jueza Cristina Garzón de Lascano (a cargo del Juzgado Federal Nº 3), “diversas circunstancias que demuestran la inexistencia de riesgo procesal y permiten tener por descartada la presunción legal del artículo 316 del Código Procesal Penal de la Nación y que habilitan, por ende, a conceder a David Alberto Brandán el beneficio excarcelatorio impetrado en su favor”, la magistrada aplicó en el incidente de excarcelación del referido, la más reciente jurisprudencia de los altos tribunales del país, en particular la sentada en el caso “Díaz Bessone, Ramón Genaro s/ recurso de inaplicabilidad de ley”, señalando que “no basta en materia de excarcelación o eximición de prisión para su denegación la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad superior a ocho años, sino que deben valorarse en forma conjunta otros parámetros tales como los establecidos en el artículo 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal”.
“Al no advertir riesgo de que -en caso de recuperar la libertad- el imputado pueda obstaculizar la investigación impidiendo o demorando la acumulación de elementos de juicio o amenazando a los testigos”, el fallo agregó: “Es de presumir que atento la carencia de antecedentes penales del imputado, en el hipotético caso de recaer condena, ésta no superará el mínimo de cuatro años. Asimismo, resultaría aplicable el instituto de la libertad condicional, por lo que en definitiva la pena efectiva a cumplir por Brandán no superaría en los hechos los cuatro años de prisión, pena que por sí sola no permite suponer que el encartado eludirá el accionar de la Justicia” habiendo sido procesado en orden a los delitos de almacenamiento y comercio de estupefacientes.
