ESCUCHAREl fiscal de San Isidro, Diego Molina Pico, solicitó que se anule el fallo que absolvió al presunto abusador de una discapacitada a raíz de que en el informe médico sobre el abuso no se consignó la firma del profesional.
El caso derivó en el pedido de juicio político de la fiscal de Tigre que instruyó la causa, María del Carmen Gigante.
En su recurso ante la Cámara de Casación bonaerense, Molina Pico solicitó que se anule «por arbitrariedad» el fallo y que se realice un nuevo debate, o que -en forma subsidiaria- se condene al imputado Francisco Centurión por abuso sexual con acceso carnal.
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Asimismo, el fiscal de juicio sostuvo que los miembros del Tribunal Oral Criminal número 7 (TOC7) incurrieron en «mala aplicación de la ley», así como en un «absurdo valorativo de la prueba rendida».
En tal sentido, el acusador precisó que las probanzas indiciarias obrantes en el expediente bastaban para llegar a una sentencia condenatoria.
En esa línea, el fiscal cuestionó en el recurso a los camaristas Eduardo Lavenia, Eduardo Coelho y Mónica Tisato por no haberles dado crédito a los dichos de la víctima y recordó que a pesar de sus problemas madurativos, las pericias psiquiátricas determinaron que ésta no fabulaba.
Francisco Centurión, nativo de Paraguay, llegó a juicio acusado de abusar -entre los meses de mayo y junio de 2007- de una vecina. La joven tiene 20 años, pero cuenta con una edad madurativa que oscila los 11 a causa de un retraso mental.
El pasado 3 de marzo el encartado fue absuelto por el beneficio de la duda y se generó un escándalo, ya que los jueces criticaron con dureza a la instructora de la causa, entre otros motivos, porque no se logró probar científicamente que la víctima hubiera mantenido relaciones sexuales ante falencias probatorias.
Sobre el punto, Molina Pico salió en defensa de su colega y sostuvo que el informe médico defectuoso observado por los jueces no era relevante, ya que sólo consignó que la joven presentaba «desfloración de larga data».
