Anulan transferencia de un vehículo taxímetro

El TSJ cordobés entendió que el licenciatario no podía transmitir ese derecho por no contar con antecedentes de buena conducta -necesarios para permitir el trámite-, al estar incurso en un motivo de caducidad de su licencia, lo que le impide ceder un derecho que no tiene [privado] El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba rechazó conceder una cautelar para habilitar provisoriamente la transferencia de un automotor para ser utilizado en el servicio de taxis de la ciudad. Con arreglo a las consideraciones de hecho y de derecho analizadas, el Alto Cuerpo consideró que en el caso no se configuraron los presupuestos mínimos que deben estar presentes en toda decisión que conceda una tutela como la perseguida por el promotor de la acción de amparo, por lo cual admitió la apelación presentada en tal sentido por la demandada Municipalidad de Córdoba. En instancia de Cámara, el tribunal de mérito acogió la medida cautelar solicitada por Franco Abel Domina Lodeiro y ordenó al Palacio 6 de Julio que habilitara en forma provisoria el automotor afectado al servicio de taxi bajo la titularidad del amparista, hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo. El TSJ, integrado por María Marta Cáceres de Bollati, Domingo Juan Sesin, Aída Lucía Teresa Tarditti, Luis Enrique Rubio, María de las Mercedes Blanc de Arabel, Sebastián Cruz López Peña y Carlos Alberto Tamantini, al analizar la cuestión, sostuvo que el promotor de la acción de amparo peticiona que se “decida por la validez de la habilitación de taxi y el pago de los aranceles, ordenando a la Municipalidad de Córdoba que habilite el vehículo”, debido a que el secretario de Servicios Públicos dispuso rechazar la solicitud de transferencia de la licencia de Auto Taxi N° 3481, conforme lo solicitado oportunamente por Cecilia Mónica Lodeiro de Domina, en su carácter de apoderada de Mauricio Abel Domina. Dicha resolución estuvo motivada porque el licenciatario en cuestión lucía presuntamente incurso en la causal de caducidad con motivo de la comisión, durante la prestación del servicio, de “hechos graves incompatibles con la moral, buenas costumbres y seguridad pública”, a la vez de no acreditar “antecedentes de buena conducta” -a la luz de los artículos 68, inciso b, y 47, inciso e, de la ordenanza N° 10270- con arreglo al artículo 44 de esa misma ordenanza. Así, el Alto Cuerpo analizó la mencionada legislación y extrajo que la “licencia es un instrumento otorgado en consideración a la persona que la recibe, e implica el derecho de los licenciatarios a prestar el servicio para la cual la misma se ha expedido”. El fallo agregó que la norma establece casos en los que el Departamento Ejecutivo Municipal autorizará excepcionalmente la transferencia de licencia, y la sanción de caducidad en supuestos en los que ésta sea realizada en violación a lo allí dispuesto, ha de repararse en la circunstancia que “únicamente” podrán ser licenciatarias las personas “siempre que reúnan y mantengan” los requisitos enlistados en el artículo 47 -entre ellos, los antecedentes de buena conducta a los que alude el inciso "e" del precepto en cuestión-, descontando, entre otras, la hipótesis de caducidad debida a la comisión de “hechos graves incompatibles con la moral, buenas costumbres y seguridad pública” -según reza el artículo 68 inciso b del cuerpo normativo de referencia-. A tenor de tales conceptos, el TSJ observó que -en el caso de marras- la cuestión de la verosimilitud se encuentra afectada, pues actuaciones penales en las cuales está incurso en un delito el licenciatario que pretende trasmitir su licencia han adquirido firmeza. Bajo tales premisas, la decisión entendió que no puede desconocerse la existencia de una sentencia condenatoria firme en sede penal pronunciada por este mismo órgano que -en tanto máxima autoridad judiciaria de orden local- repercute de manera directa, prácticamente desterrándola, sobre la apariencia de un buen derecho. Consecuentemente, sostuvieron los vocales que "la máxima jurídica según la cual nadie puede transferir a otro más derecho del que él mismo tiene (nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet), prevista en el artículo 399 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuya fuente se remonta al D.50, 17, 54 (Ulp.46 ad ed.), repele fatalmente la chance de que, mediante un cálculo de probabilidades, sea factible prever que en el proceso principal de amparo pueda declararse la certeza del derecho que invoca el amparista”. A su vez, la sentencia también destacó la inexistencia de peligro en la demora, ya que el propio promotor del amparo no ha argüido y motivado, “en oportunidad de la carga de su argumentación, un estado de peligro en el que virtualmente se encontraría su derecho principal, limitándose, en contraste, a la mera invocación de que la resolución del secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Córdoba vulnera el derecho constitucional de propiedad y de trabajo que consagra la Constitución Nacional”. En definitiva, en el fallo se resolvió que corresponde hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte demandada y, en consecuencia, dejar sin efecto la concesión de la medida cautelar solicitada por el amparista. Descargar el fallo [/privado]

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