ESCUCHAR“Gregorio Corach ha perdido la investidura judicial el 26 de octubre pasado, día en que cumplió 75 años de edad sin haber obtenido un nuevo nombramiento con el correspondiente acuerdo del Senado”.
Bajo esa premisa, el Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN) pidió que el juez de la Cámara del Trabajo deje su cargo porque llegó al límite etario sin el requisito que fija la Constitución Nacional (CN).
El organismo citó el reciente caso de la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) Ana María Figueroa y el criterio del máximo tribunal al respecto.
La presentación se formuló en el expediente que inició Corach, quien logró que se dictara una cautelar para continuar en su despacho.
El magistrado -hermano de Carlos Corach, ex ministro del interior de Carlos Menem- integra la Cámara del Trabajo desde 1991. En septiembre de 2022, le pidió al gobierno de Alberto Fernández seguir en funciones cinco año más. El presidente envió su pliego al Congreso 14 días antes se su cumpleaños. Como no iba completar el trámite antes, el juez se presentó ante la Justicia. Alegó que no se le podía imputar la demora y que una resolución del CMN avala la continuidad de colegas en su posición.
La reticencia de Figueroa ya se debatía. La mujer cumplió 75, tenía pedido de acuerdo sin aprobar y la Corte la cesanteó. “Al no prever la norma plazo de gracia alguno, el nombramiento debe ser anterior al día en que el magistrado alcance la edad referida; de lo contrario, no habría límite temporal para la realización de ese nuevo nombramiento, con la absurda consecuencia de que el límite etario se tornaría inoperante”, determinó sobre el alcance del artículo 99 de la CN. Sin embargo, luego el Senado aprobó su pliego y ella pidió quedarse. El caso debe resolverse.
A su turno, el juez en lo Contencioso Administrativo federal Walter Correa le dio la razón al magistrado laboral. Entendió que el fallo de la Corte tiene su origen en el ejercicio de sus “facultades materialmente administrativas”, asimilables a “actos de superintendencia con alcance particular y circunscriptos al administrado”. Por eso, concluyó que era “inaplicable” a Corach y dictó la cautelar que pidió por “razones de urgencia” y “circunstancias objetivamente impostergables”.
Aferrada
Figueroa cumplió 75 años el miércoles 9 de agosto. Pese a lo que indican la CN, así como leyes y reglamentos, y a las críticas y denuncias que recibió por resistirse a dejar su puesto, el secretario de Justicia Mena le pidió al CMN que se suspendiera definiciones sobre su continuidad.
La jueza se aferró aduciendo que su pliego ya tenía dictamen y Mena tomó su línea argumental y equiparó la gestión iniciada por el Ejecutivo al trámite parlamentario.
Agenda
En mayo de 2020, Figueroa hizo declaraciones que propiciaron que el kirchnerismo retomara su agenda para la Justicia.
Mientras se debatía la escalada de prisiones domiciliarias en la provincia de Buenos Aires y en el ámbito federal, entrevistada por un periodista radial, aseguró que el Ejecutivo no tuvo injerencia sobre los jueces que las concedieron y sumó que ella sí fue “presionada” durante la Administración de Mauricio Macri.
Sin dar nombres, afirmó que un ex funcionario de Justicia fue a su oficina para indicarle cómo sentenciar. Cuando se le pidió que precisara en el marco de qué expediente ocurrió, respondió: “Me parece que fue el de la inconstitucionalidad del Memorándum con Irán”.
Cristina Fernández de Kirchner usó Twitter para difundir su lectura de la narración de Figueroa: dio por sentado que se refirió al procurador General de la CABA, Juan Bautista Mahiques, y a las actuaciones sobre el pacto con Irán.
Mahiques acusó recibo: “Me gustaría que Figueroa aclarase que jamás acudí a su despacho y que no existió el intercambio que se insinuó”, escribió.
Descargo
Figueroa hizo un descargo ante un medio gráfico porteño. “No dije que era Mahiques, dije que era una alta autoridad. Realmente fue muy complicado, pero no quiero dar nombres”, manifestó.
Además de la actual vicepresidente, dos referentes del oficialismo intentaron obtener rédito político de los dichos de la camarista.
Oscar Parrilli anticipó que pediría la nulidad del fallo de Casación sobre la firma del memorándum porque, a su entender, la voluntad de los jueces estuvo viciada. En tanto, el por entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, adelantó que se retomaría la discusión por la reforma judicial.
La necesidad de cambiar el funcionamiento del Poder Judicial fue uno de los estandartes de la campaña de 2019 y el núcleo duro del kirchnerismo ventiló propuestas. En mayo de ese año, “El manifiesto argentino”, liderado por el escritor Mempo Giardinelli, esbozó una agenda: supresión del Judicial como poder del Estado y reemplazo por un “servicio”. Es decir, reeditó la fallida “democratización de la Justicia”. Poco después, el ex cortesano Eugenio Zaffaroni habló de la necesidad de suscribir otro “contrato social”.
Apenas juró, Fernández prometió que iba a “terminar con una Justicia que utiliza las prisiones preventivas para amedrentar opositores”. Escoltado por Fernández de Kirchner, aseveró que “se terminaron los operadores judiciales” y “los linchamientos mediáticos”.
Sin precedentes
Después, senadoras del Frente de Todos presentaron una iniciativa sin precedentes en el mundo, para que la Justicia anulara preventivas si los medios difundían acusaciones, en el entendimiento de que inciden en la “percepción pública respecto del principio de inocencia”.
El Gobierno insistió con las críticas contra las “detenciones arbitrarias”. Lo hizo con un video que difundió en su cuenta de Twitter sobre el supuesto lawfare.
En agosto de 2020, diputados de la UCR cuestionaron el inciso incorporado por Parrilli al proyecto de reforma judicial oficialista que obligaba a los jueces a denunciar eventuales presiones mediáticas.
Mario Negri alertó: “Hay un asalto a la Justicia y una limitación inconstitucional a la libertad de expresión”.
Por su parte, Karina Banfi expuso: “¿Se preguntan de qué manera puede este artículo del dictamen afectar la libertad de expresión? ¿Cómo sería el mecanismo de presión? No lo explican. Entonces, una noticia lo puede ser. Escribís una nota sobre un juez y tenés denuncias en tu contra. Debemos evitar la autocensura”.
El ex diputado y candidato a vicepresidente en la fórmula que encabezó Patricia Bullrich, Luis Petri, declaró: “Atan de manos a la Justicia y a todos los que intenten exponer a los jueces del poder”. Y advirtió que la libertad de prensa podría ser considerada “presión mediática” y denunciada.
La previsión, cuestionada también por entidades periodísticas, naufragó, al igual que los planes del oficialismo para la Justicia: no logró la designación del juez Daniel Rafecas como procurador General ni la aprobación de reformas en el Ministerio Público Fiscal. Lo mismo sucedió con la idea de ampliar el número de integrantes de la Corte y con el juicio político.
Sin antecedentes en tribunales, Figueroa fue nombrada en la Casación por Fernández de Kirchner. Antes fue asesora en la Secretaría de Derechos Humanos.
