Hace una semana, en Quilmes, provincia de Buenos Aires, el juez federal Luis Armella ordenó varios allanamientos en las cooperativas que recibieron unos $535 millones por parte del Ejecutivo municipal, a cargo de Mayra Mendoza, del Frente de Todos.
Los procedimiento se concretaron en el marco de la pesquisa por el presunto vínculo entre aquellas y funcionarios y ex funcionarios del municipio gobernado por Mendoza.
La investigación incluye a la mandataria municipal y también al ex subsecretario de Hábitat, Sebastián Raspa.
La causa se tramita en Comodoro Py y hay otra en la justicia federal de Quilmes. En ese expediente, la fiscal Silvia Cavallo impulsó la pesquisa y solicitó que intervenga la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Entre otros delitos, se investiga la posible comisión de defraudación a la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y lavado de activos por una cifra que superaría los 500 millones de pesos.
Ahora, el fiscal González amplió la imputación en contra de la intendenta.
“Estimo pertinente que se amplíe el objeto procesal oportunamente delimitado mediante el requerimiento de instrucción formulado el 6 de mayo del año en curso, dado que los hechos puestos aquí en conocimiento constituirían una extensión objetiva y subjetiva de aquellos que motivaron el inicio de la presente causa”, sostuvo el fiscal.
También sumó a nuevos encartados a la pesquisa -entre ellos, al ex marido de Mendoza, Cesar Daer- y pidió nuevas medidas de prueba.
Por lo pronto, la intendenta de La Cámpora aduce que todo se trata de una “operación mediática”
