ESCUCHARLa reforma política, la extensión de la figura del arrepentido, la ampliación de la Corte y la modificación de la carta orgánica del Ministerio Público son algunas de las iniciativas que el Gobierno espera convertir en ley
Varios proyectos de ley de gran trascendencia judicial e institucional -como la reforma política, la reforma del Ministerio Público y la ampliación de la figura del arrepentido- ocuparán parte de la agenda legislativa para el segundo semestre del año.
Después de cuatro meses de intenso trabajo legislativo, la alianza Cambiemos superó la primera parte del año con una buena “cosecha” legislativa, gracias a los consensos alcanzados con el peronismo no kirchnerista, referenciado en los diputados del Frente Renovador, el Bloque Justicialista y los senadores “dialoguistas” que responden a sus gobernadores.
En materia judicial, el oficialismo se alzó con la sanción del acuerdo para la cobertura de las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN): se aprobaron los pliegos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
Reforma política
El proyecto de reforma política, que ingresó a Diputados el pasado 29 de junio, será defendido en esa cámara por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, apenas culmine el receso invernal.
La iniciativa no sólo incluye la implementación de la boleta electrónica a partir del año próximo sino que también contempla la eliminación de las colectoras y candidaturas múltiples, la obligatoriedad de los debates presidenciales y el control del financiamiento de los partidos políticos.
El oficialismo también pretende avanzar con proyectos de ley pendientes como la ampliación a casos de corrupción de la figura del arrepentido y la extinción de dominio para bienes provenientes de ilícitos, que ya fueron aprobados en la Cámara de Diputados.
El Senado ya puso fecha para el inicio del debate: será el 2 de agosto en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico, con la presencia del ministro de Justicia, Germán Garavano.
En materia de seguridad, la Cámara Alta también tiene pendientes la penalización del desvío de precursores químicos a la producción ilegal de estupefacientes y el fortalecimiento de los tribunales orales en lo Criminal Federal y en lo Penal Económico.
Por otro lado, senadores de la oposición renovarían la puja por la ampliación del número de jueces de la CSJN, con 15 proyectos que ya comenzaron a ser estudiados en comisiones con la visión de especialistas.
Lograr los consensos necesarios para avanzar con la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que está frenada en comisiones por el férreo rechazo de toda la oposición, es otro de los desafíos de Cambiemos.
Los distintos bloques pero sobre todo el del Frente para la Victoria sostienen que el proyecto tiene el mero de fin de recortar poder a la actual procuradora General, Alejandra Gils Carbó, dado que el texto crea cuatro nuevos subprocuradores.
En medio de las negociaciones por ese proyecto, el oficialismo accedió a conformar lo antes posible la comisión bicameral de control y seguimiento del Ministerio Público, en el cual el Frente Renovador quiere colocar como presidenta a Graciela Camaño.
