ESCUCHARLuis Czyzewski y Mario Averbuch, padres de dos de las 85 víctimas del ataque terrorista a la AMIA pedirán que se juzgue en ausencia a ciudadanos iraníes con pedido de captura internacional y a otros sospechosos, en base a la ley que acaba de sancionarse.
Presentarán un planteo ante el juez federal Daniel Rafecas y el titular de la UFI AMIA, Sebastián Basso, para ser querellas independientes en el caso.
Reclamarán que se juzgue en ausencia a ex altos funcionarios políticos y militares iraníes que ya tienen orden captura internacional por el atentado y circular roja de Interpol. Se trata del ex ministro de Inteligencia de ese país entre 1989 y 1997, Alí Fallahijan, y del ex comandante en jefe de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y actual secretario del Consejo de Discernimiento de los Altos Intereses del Régimen, Mohsen Rezai.
El listado incluye a Ahmad Vahidi, comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica al momento del atentado y ex Ministro del Interior de Irán; Mohsen Rabbani, ex agregado cultural en la Embajada argentina en 1994 y Reza Ahamd Asgahari, ex secretario de esa sede diplomática en Buenos Aires.
Además, figuran otros acusados en la causa judicial que se lleva en Argentina: el ex ministro de Asuntos Exteriores de Irán Alí Akbar Velayati: el ex embajador de Irán en Buenos Aires Hadi Soleimanpour; Raul Salman Salman; Abdallah (José El Reda) Salman; Hussein Abdallah; Mounir Mouzannar y Hay Farouk Omairi.
Se trata de los sospechosos de haber actuado en la implementación de ese ataque, encomendando su ejecución a la organización terrorista libanesa Hezbollah.
La ley 27.784 habilita juzgar a imputados por delitos graves cometidos dentro del país que estén en el exterior.
La herramienta pensada para poder juzgar o para dar continuidad al proceso penal en los casos en los que el imputado o acusado se encuentra prófugo o no se puede dar con su paradero fue sancionada por el Senado en febrero pasado.
En la causa AMIA los acusados iraníes fueron llamados a indagatoria en 2006, hace casi dos décadas, pero desde entonces ninguno compareció ante la Justicia argentina.
El Poder Ejecutivo presentó el proyecto en julio de 2024, a pocos días de cumplirse 30 años del atentado. Consiste en una reforma del Código Procesal Penal de la Nación.
La ley sancionada dispone que se puede aplicar el juicio en ausencia únicamente en causas en las que se investiguen genocidios, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y de agresión, desaparición forzada de personas, tortura y el terrorismo y su financiamiento, entre otros.
Para que se dé inicio al juicio en ausencia, según la ley, deben darse las siguientes condiciones: que el acusado, conociendo la existencia del expediente, no se presente ni responda, y que se hayan hecho intentos durante cuatro meses, mediante orden de captura nacional e internacional, o requerimientos de extradición a otros países. Constatado uno de los supuestos, el juez declarará que el proceso sigue en ausencia.
Establece que, si el imputado se presenta durante el juicio, debe ser escuchado, y que si lo hace en los 10 días posteriores a una sentencia condenatoria puede solicitar un nuevo debate en dos supuestos: si no tomó conocimiento del proceso o no concurrió por un grave y legítimo impedimento.
Los primeros proyectos para regular el juicio en ausencia se presentaron en 2014. El primero de ellos lleva la firma de Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad de la Nación, por entonces diputada de Unión PRO.
