Quiere modificar parte del articulado que obtuvo media sanción a fines del año pasado. Uno de los objetivos es que aumente la oferta de inmuebles
El Gobierno nacional impulsará su propia idea para regular el mercado de alquileres, planteando una serie de correcciones al articulado que obtuvo medida sanción en la Cámara Alta a fines del año pasado, a instancias del Frente para la Victoria (FpV).
La iniciativa oficial forma parte del acuerdo sectorial que el Gobierno anunciará en los próximos días con la industria y los gremios de la construcción, que contempla el lanzamiento de créditos hipotecarios para financiar a las desarrolladoras que levanten viviendas para la clase media.
Una de las propuestas del oficialismo será hacer un distinción entre los alquileres para vivienda y para uso comercial.
En el primer caso se piensa abarcar las locaciones de hasta 15 mil pesos mensuales; y de hasta 25 mil en el segundo.
Otro objetivo sería poder incorporar en el texto del Senado el concepto de «vivienda social», para que quienes sean empleados informales y no tengan garantía bancaria para sustentar una operación puedan obtener un seguro de caución del Estado para tomar el crédito.
“Burbujas”
Para trabajar sobre la oferta y evitar “burbujas de precios”, está bajo estudio rescatar de la vieja ley de alquileres, de comienzos de los años 80 -gestión de Raúl Alfonsín- un esquema de promociones para fomentar la construcción de casas para alquilar.
La idea se está gestando en el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, que conduce Rogelio Frigerio, en coordinación con diputados del oficialismo.
Lo que buscará esa cartera será que se modifiquen algunos de los puntos más “polémicos” del proyecto aprobado en el Senado, como el que prevé que los alquileres puedan indexarse una vez al año por un índice que surja de combinar el CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) con el CVS (Coeficiente de Variación Salarial). El oficialismo apunta a usar sólo el índice de salarios para los alquileres de vivienda.
Dueños
El texto que ya tiene media sanción establece, además, que los dueños de las propiedades no puedan ajustar los precios cuando la inflación sea de menos de 10% al año. El oficialismo planteará en la Cámara de Diputados eliminar esa pauta. Al respecto, Ricardo Delgado, subsecretario de Coordinación de la Obra Pública del Ministerio del Interior, valoró que esa previsión “es una locura” porque implica que en dos años el titular del bien pierda casi 20 por ciento de su capital.
