En Quilmes, provincia de Buenos Aires, el juez federal Luis Armella ordenó varios allanamientos en las cooperativas que recibieron unos $535 millones por parte del Ejecutivo municipal, a cargo de Mayra Mendoza, del Frente de Todos.
En los procedimientos intervino el área especializada en delitos económicos de la Prefectura. Se concretaron en el marco de la pesquisa por el presunto vínculo entre aquellas con funcionarios y ex funcionarios del municipio gobernado por la intendenta de La Cámpora.
La investigación incluye a Mendoza y también al ex subsecretario de Hábitat, Sebastián Raspa.
La causa se tramita en Comodoro Py, pero también hay una en la justicia federal de Quilmes.
En ese expediente, la fiscal Silvia Cavallo impulsó la pesquisa y solicitó que intervenga la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Entre otro delitos, se investiga la posible comisión de defraudación a la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y lavado de activos por una cifra que superaría los 500 millones de pesos.
