ESCUCHARLa Coalición Cívica/ARI alertó sobre la gravedad del tenor de la carta de renuncia de Fabián Repetto a su cargo como defensor nacional Adjunto de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
En un comunicado, la CC/ARI consideró que la dimisión del funcionario “profundiza la crisis de la niñez”.
“La política pública no puede tener color político y que no es tiempo de mezquindades, de oportunismos ni de silencios cómplices”, expresó el partido.
Cabe recordar que la semana pasada Repetto dejó su puesto con una dura misiva, en la cual denunció el “uso partidario y discrecional” de la institución que comanda desde febrero Marisa Graham.
En el escrito que le remitió a la presidente de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Beatriz Mirkin, Repetto expuso que le resultaba imposible continuar trabajando en un organismo “con fuertes sesgos” que, según escribió, van en detrimento de “una institución independiente capaz de honrar el artículo 48 de la ley 26061”.
Repetto mencionó “la imposibilidad de diálogo” con el equipo directivo del organismo que, según planteó, “podrían promover consensos a partir del plural intercambio de pareceres”.
En seis puntos, el abogado detalló los fundamentos de su decisión.
En el primero hizo referencia al presupuesto. Al respecto, cuestionó la difusión, por medio de canales oficiales de la Defensoría, de notas periodísticas que informaban de un aumento del 10 por ciento y aclaró que la documentación recibida evidencia una baja de 2,7 respecto de 2019.
En el segundo habló de “exigibilidad en materia de políticas públicas” y cuestionó la “doble vara” que en ocasiones dejó plasmada la acción pública de la defensora, quien tuvo “con fuerte visibilización comunicacional” ante “criticables situaciones de vulneración de derechos” en algunas jurisdicciones y no fijó postura posicionamiento en “situaciones también dramáticas” que se daban en otros lugares.
Repetto estimó que esa dinámica “impidió un análisis nutrido y rico” de la realidad.
En el tercer apartado se refirió al vínculo con otros actores relevantes: las cinco defensorías provinciales preexistentes a la puesta en marcha de la Defensoría Nacional y el Congreso Nacional.
Sobre las primeras, Repetto afirmó que la defensora implementó “una lógica de escasa humildad y poca apertura al aprendizaje de sus experiencias”, impidiendo que el conjunto de la institución nacional “corte camino” a la hora de instruirse “en múltiples aspectos, propios de una etapa fundacional”. Con relación al Legislativo, sostuvo que hubo “importantes problemas de comunicación”.
El cuarto punto versa sobre el presupuesto interno de la defensoría. Repetto objetó lo que definió como el “insuficiente acceso a la información” de cómo se estaba y se está ejecutando y habló de “falta de análisis sistémico y estratégico”, planificación o metas concretas para el año que viene.
En quinto lugar, se refirió a los recursos humanos de la defensoría y objetó la ausencia de “criterios claros, objetivos y transparentes” de selección y alegó que la “construcción” de la institución se está llevando a cabo con “pocas islas de excelencia técnica” y “muchos territorios de lealtad personal y falta de perspectiva crítica”.
Por último, bajo el encabezado “éxitos, fracasos y desafíos de la adjuntía”, Repetto estimó que el mayor logro fue “la magnitud y la calidad de la generación de evidencia destinada a informar el posicionamiento público de la defensora”; que la mayor frustración fue la Dirección de Relaciones Institucionales y que el mayor desafío es el Sistema de Monitoreo.
Repetto cerró su esquela recordando que la mayor parte de la infancia en Argentina vive en situación de pobreza.
Motivos
La CC/ARI manifestó que la trascendencia de la renuncia de Repetto finca en los motivos que brindó; ello así, porque entre otras anomalías citó “manejo discrecional y direccionado” del organismo por parte de la defensora; “pasividad frente la violación de la intangibilidad de los fondos” destinados a la infancia”; “falta de debate interno” y “nula de articulación con las defensorías provinciales”.
“En un contexto de emergencia social y económica, donde el fortalecimiento de los programas enfocados a la niñez y a las políticas alimentarias de la primera infancia resulta imprescindible, el Gobierno nacional realiza una quita de fondos en términos reales cercana al 2,7 por ciento”, señaló la CC/ARI.
