Alegan que el fallo que autorizó tratamiento con dióxido de cloro es «mala praxis judicial»

El presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped y asesor del Ministerio de Salud de la Nación, Ignacio Maglio, calificó como «mala praxis judicial» al fallo que admitió una cautelar que obliga al Sanatorio Otamendi y a Miroli SA a administrar ibuprofenato de sodio a través de nebulizaciones y de dióxido de cloro vía intravenosa a un paciente con coronavirus en grave estado que no responde a los tratamientos convencionales con oxígeno. El tratamiento fue prescripto por el médico particular de aquél, Dante Converti.
El decisorio, sin precedentes en el país, fue dictado el 7 de enero por el juez federal Javier Pico Terrero.
El uso de dióxido de cloro fue rechazado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y por autoridades gubernamentales.
El abogado Maglio cuestionó duramente el fallo. Dijo que es una “locura” y que se trata de un «un caso de desmesura de lo que significa la judicialización de la medicina”.
El también asesor del Hospital Muñiz y del Sanatorio Finochietto consideró que es “un despropósito” que un magistrado “pueda dar una resolución basado en una sola receta, sin haber pedido una prueba de oficio a otros organismos o bien a la Sociedad Argentina de Infectología (SAI)”.
En cuanto a la prescripción del galeno, Maglio opinó que se trata de «una aberración técnica», adujo que no se chequeó si es un especialista y denunció que “dispuso algo en contra de toda la evidencia médica disponible”.
Por lo pronto, el Otamendi apeló el fallo del juez Pico Terrero y ahora resta que que se expida la Cámara Civil y Comercial Federal.