Al no probarse una gran incapacidad, confirman rechazo a pagar daño moral

El tribunal ratificó que la cónyuge de la víctima de un accidente de tránsito no acreditó que su esposo requiera una atención permanente de las secuelas que sufrió [privado]

Al advertir que no se probó que, a raíz de un accidente de tránsito, en el cual se sentenció la responsabilidad del demandado, el esposo de la accionante haya quedado con una incapacidad que lo obligue a de ser permanentemente asistido para realizar actos de la vida cotidiana o no pueda pensar de manera autónoma al punto de que llegue a padecer un sufrimiento espiritual, la Cámara 6ª Civil y Comercial de Córdoba confirmó la denegatoria de legitimación de la mujer para pedir daño moral, al no haber quedado su cónyuge con una gran incapacidad.

Patricia Aldeco se quejó por tal rechazo, considerando que el a quo interpretó que las lesiones y el grado de incapacidad padecidos por el hombre no resultaban suficientes.

El tribunal concluyó que el cónyuge de la demandante no portaba una gran discapacidad, cuando el perito médico informó que fue a la entrevista por sus propios médicos, se encontraba lúcido y, aun con algunos dolores, estaba impedido de caminar.

La cámara integrada por los vocales Alberto Zarza y Walter Simes precisó que se encuentra debidamente probado el grado de incapacidad que padece el hombre con motivo del siniestro en cuestión, aclarando que los damnificados indirectos son aquellos sujetos distintos de la víctima inmediata, que también experimentan un perjuicio a raíz del hecho.

Se destacó que el artículo 1741 del Código Civil y Comercial (CCyC) establece que está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo y agrega que -si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad- “también tienen legitimación a título personal, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquél recibiendo trato familiar ostensible”.

Los jueces añadieron que la norma no precisa qué debe entenderse por gran incapacidad o cuál es el tenor de las lesiones que debe haber padecido el damnificado directo a los fines de posibilitar la admisión del reclamo, entendiendo que se deja a merced de los magistrados y de la doctrina “la difícil tarea de especificar los supuestos fácticos que se encuentran alcanzados por la nueva legislación”.

El tribunal evaluó que el punto a dilucidar se conecta con la necesidad de delinear las notas tipificantes de la incapacidad a fin de ser considerada gran incapacidad, observando que “los argumentos que expone la quejosa no logran superar el andamiaje jurídico del fallo desde que no resulta suficiente que el cónyuge de la actora padeciera una incapacidad física del 73% de la total obrera y una psicológica del 20% a los efectos del reclamo”.

Empero, la decisión consignó que su procedencia no se conecta simplemente al hecho de padecer un determinado porcentaje de incapacidad, siendo éste sólo uno de los indicadores a tener en cuenta al tiempo de resolver.

El fallo señaló que la prueba no autoriza a concluir que la incapacidad que padece el cónyuge justifique el reclamo pretendido por su mujer, remarcando que de ella no surge que las lesiones que padeciera el damnificado lo colocaran en la necesidad de ser asistido de manera permanente.

Ampliación

El tribunal ponderó que la ampliación de la legitimación activa prevista antes citada se conecta con los perjuicios espirituales que necesariamente sufre una persona al advertir que su cónyuge o quienes convivían con él recibiendo trato familiar ostensible padece secuelas incapacitantes que invalidan su autonomía de movimiento.

La cámara subrayó que el reclamo resulta aceptable en aquellos casos en que la víctima pierde toda posibilidad de sentir, o moverse por sí misma, dando por ejemplo parapléjicos, tetrapléjicos, vida vegetativa o pérdida de miembros o de un sentido.

Por ello, el decisorio concluyó que, en el presente proceso no se alegaron ni probaron la existencia de secuelas que requiriesen asistencia de manera permanente.

En tal sentido, los camaristas resaltaron que el perito dejó asentado que el hombre concurrió al acto pericial por sus propios medios y al ser examinado se constató que se trataba de un paciente lúcido, orientado en tiempo y espacio, que si bien presentaba dolor y marcada dificultad en los movimientos, no se veía impedido de caminar.