AFIP y DGA no pueden aplicar retroactivamente ley que regula exportaciones agrícolas

La Sala B de la Cámara Federal de Córdoba revocó una resolución del Juzgado de Río Cuarto que avalaba la pretensión recaudatoria impositiva y aduanera. [privado] En los autos “Compañía Argentina de Granos c/ENA-AFIP-DGA, acción meramente declarativa de derecho”, la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba, integrada por los jueces Abel Guillermo Sánchez Torres, Luis Roberto Rueda y José Pérez Villalobo, modificó una resolución dictada por el Juzgado Federal de Río Cuarto, en la que se resolvía que existen Declaraciones Juradas de Venta al Exterior registradas con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26351. En consecuencia, la Cámara declaró la inconstitucionalidad de los arts. 4º y 5º de la ley referida y del art. 2 del decreto Nº 764/2008, en cuanto establecen la aplicación retroactiva de sus disposiciones, las que resultan inaplicables a la accionante respecto de sus Declaraciones Juradas de Venta al Exterior, objeto del presente litigio. En el caso, Compañía Argentina de Granos SA accionó para que se hiciera cesar el estado de incertidumbre generado por la pretensión de ENA-AFIP-DGA de percibir diferencias de derechos por exportaciones documentadas en amparo de un régimen que establecía un determinado tratamiento tributario (ley 21453), por aplicación de otro posterior en forma retroactiva (ley 26351). Entre otros aspectos, la accionante afirmaba que la pretensión de la Dirección General de Aduanas (DGA) fundada en la ley 26351 y su decreto reglamentario Nº 764/2008, sobre operaciones registradas al amparo de la ley 21453, es inconstitucional, requiriendo asimismo una medida de no innovar que suspenda la aplicación del referido tributo y todo acto tendiente a su percepción. Al analizar la causa, el vocal Abel Guillermo Sánchez Torres consideró que “en el presente caso existe incertidumbre de la accionante sobre el alcance de la relación jurídica por existir un conflicto normativo, ya que las operaciones se documentaron bajo la vigencia de la Ley 21.453 que en su art 6 determina que los regímenes tributarios aplicables serán los vigentes a la fecha de cierre de cada venta, mientras que la Ley 26.351 prescribe que existiendo incremento de las alícuotas entre la registración de las DJVE y la oficialización de la destinación de exportación, los exportadores deberán acreditar de modo fehaciente la tenencia o en su caso la adquisición de los productos con anterioridad a tal incremento”. Por ello, el magistrado estimó que “la falta de certeza sobre el alcance de una relación jurídica se encuentra demostrada, y que el planteo no tiene carácter consultivo sino que responde a una actividad del fisco a los fines de la percepción de los tributos”. El fondo En virtud de lo expuesto, el fallo concluyó que “en la exportación para consumo de productos de origen agrícola, el hecho imponible acaece al producirse efectivamente la exportación conforme lo establece el Código Aduanero, sin embargo, en función del art. 6 de la Ley 21.453 el régimen tributario aplicable será el de la fecha de venta de tales productos”. En tal sentido, se agregó que “la Ley 26.351 agrega que deberá acreditarse la tenencia o la adquisición de los productos de origen agrícola antes de un incremento en la alícuota, caso contrario, deberán tributar la mayor alícuota entre las vigentes a la fecha del registro de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) o a la fecha de oficialización de las respectivas destinaciones de exportación”. Así, se subrayó que “de la prueba analizada surge que las fechas de cierre de venta y de la presentación de las DJVE objeto del presente litigio -por las cuales Aduana inició cargos-, son anteriores a la vigencia de la Ley 26.351”. Planteo Al abordar el planteo de inconstitucionalidad invocado por la accionante, el juez Sánchez Torres manifestó que no se encontraba cuestionado el procedimiento implementado por la nueva normativa sino que “la cuestión objetada por la actora es la retroactividad implementada por la nueva normativa, y no las nuevas condiciones por ésta incorporadas”, por cuanto “la aplicación retroactiva de la Ley 26.351 atenta contra el derecho adquirido por el contribuyente, en cuanto momento para el ‘congelamiento’ del tratamiento tributario previsto en la vigente Ley 21.453”. En consecuencia, la decisión argumentó que “el régimen implementado por la Ley 26.351 implica una modificación de lo establecido por la Ley 21.453”, por cuanto “en virtud de que como se expuso, en esta última se estableció en su art. 6 que a los fines de la liquidación se tendrá en cuenta el régimen tributario vigente a la fecha de cierre de venta, sin otros recaudos más que los establecidos en la propia norma (en lo relativo a la presentación de la DJVE ante la autoridad de aplicación y el plazo prescripto)”. Expuso el decisorio: “En base a todo lo manifestado, advierto que se modifica el régimen tributario aplicable, por lo que considero que la Ley 26.351 no es meramente aclaratoria de la Ley 21.453, sino que por el contrario impone un nuevo sistema -que aunque aquí no cuestionado- impide que se aplique con anterioridad a su vigencia retroactivamente, por los derechos que vulnera”, expuso el decisorio. Finalmente, el vocal Sánchez Torres sostuvo que, de todo lo manifestado, “cabe concluir que el objetivo de la Ley 21.453 consistente en la previsibilidad por parte del exportador y comprador de la carga fiscal que deben afrontar, se ve afectado por la aplicación retroactiva de la Ley 26.351”, interpretando que ello es así “ya que las partes, al regirse por la Ley 21.453, concretaron las operaciones considerando que sus costos tributarios quedaban fijados al momento de cerrar la venta, en consecuencia si por la aplicación retroactiva de la Ley 26.351 se aplican las alícuotas incrementadas, el fin perseguido por la Ley 21.453, cual era que las partes sepan al momento de cerrar la operación la suma a pagar en concepto de tributos, pierde su eficacia y razón de ser”. [/privado]

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