AFIP no está autorizada a inhabilitar la CUIT

Los camaristas Luis Rueda y Abel Sánchez Torres, cada cual con sus propios argumentos, señalaron que la autoridad fiscal no tiene potestad para disponer esa medida. [privado] En la acción de amparo promovida por Pierucci Cereales SRL contra la AFIP, la Sala "B" de la Cámara Federal de Córdoba resolvió por unanimidad la confirmación de la resolución de primera instancia que resolvía ordenar la inmediata habilitación y/o alta de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de Javier Oscar Pierucci. Paralelamente, el tribunal integrado por Luis Roberto Rueda, Abel Guillermo Sánchez Torres y el juez subrogante de Cámara José María Pérez Villalobo dejó sin efecto la imposición de costas y la regulación de honorarios efectuada en la instancia anterior, correspondiendo imponer las costas en ambas instancias en proporciones iguales. En el caso, en junio del año pasado el juez federal subrogante de Bell Ville había hecho lugar al amparo contra la autoridad fiscal y ordenado que ésta permita el acceso a los datos personales del actor que figuren en la base “APOC” (base de datos de AFIP para la consulta de facturas apócrifas). Esta decisión fue apelada por ambas partes, motivando la intervención de la Sala B, la que mediante el voto del juez Rueda reseñó que la causa se centraba en la cancelación de la CUIT dispuesta por la AFIP respecto de Pierucci, “sin el dictado de un acto administrativo y sobre la base que la AFIP invoca en apoyo de su postura, la exclusión del contribuyente Pierucci del Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres Secas”, agregando que no procedía “el reclamo previo, como cuando en el caso se pretende cuestionar una vía de hecho administrativa (art. 25 inc.d) de la ley Nº 19549) no siendo dicho presupuesto necesario para habilitar la instancia”. En cuanto a la cuestión de fondo del litigio, el magistrado señaló el accionar material “absolutamente irregular de la administración, sin base de sustentación en un acto administrativo previo, configura una ‘vía de hecho administrativa’ en cuanto desborda sus atribuciones legítimas y trae aparejada una restricción o cercenamiento de derechos o garantías constitucionales”, considerando que la conducta del ente fiscal “se encuentra expresamente prohibida por el art. 9 inc. a) de la LNPA, que precisa que ‘La Administración se abstendrá: a) De comportamientos que importen vías de hecho administrativas lesivas de un derecho o garantía constitucionales (…) En tal sentido autorizada doctrina ha entendido que cuando el comportamiento administrativo no reconoce como fundamento una decisión administrativa la conducta de la administración es irregular”. Rueda señaló que no podía soslayarse que “la ley de Procedimiento Administrativo N° 19549, establece como requisito general, entre otros, el del ‘debido proceso adjetivo’, que comprende especialmente el derecho de los administrados a una decisión fundada con la posibilidad de exponer razones y defensas antes de la emisión de actos que se refieran a sus derechos subjetivo o intereses legítimos, circunstancia que se contrapone con la conducta del Organismo Recaudador en el caso bajo estudio, donde no existe un acto administrativo sino sólo una inspección llevada a cabo al contribuyente y tras lo cual, se habría configurado la supuesta ‘incorrecta conducta fiscal’ que motivó su exclusión”. Disidencia El juez Sánchez Torres discrepó con algunas de las conclusiones de Rueda, aunque compartió con él lo relativo a la inhabilitación de la CUIT de Pierucci, pero por propios argumentos. Así, recordó que la CUIT “permite mantener un vínculo legal entre el sujeto titular y la AFIP”, por lo que su “inhabilitación genera la pérdida de identidad tributaria del contribuyente, impidiendo no sólo el cumplimiento de sus obligaciones formales y materiales frente al fisco, sino también el sostenimiento de legítimos vínculos comerciales o fiscales con los demás sujetos”. El magistrado recordó que la ley 11683 prevé sanciones ante determinados incumplimientos de los contribuyentes, “no surgiendo de ninguna de las disposiciones la de suspensión o inhabilitación de la CUIT”. Sánchez Torres subrayó que la AFIP “no acompañó constancia alguna de un acto administrativo que ordene inhabilitar la CUIT del Sr. Pierucci, sino que fundamenta la inactivación de tal clave, en el acto administrativo Nº 320/2008 mediante el cual se resuelve excluir al Sr. Pierucci del Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres Secas (RFOG)”. Y sobre este aspecto, el juez recordó lo manifestado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el RFOG, en cuanto a que se trata de “un régimen de excepción, que exige la satisfacción de determinados recaudos para acceder a él y para permanecer en el goce de sus ventajas, que no se confieren a la generalidad de los contribuyentes”, por lo que “la desviación que se sanciona con la pérdida del beneficio fiscal debe surgir de constancias objetivas y circunstancias comprobables”, concluyendo que “no es válido utilizar como único fundamento para la inhabilitación de la CUIT del Sr. Pierucci, la resolución que lo excluye del RFOG, en virtud de tratarse de cuestiones disímiles”. El magistrado concluyó que no existía “disposición legal o reglamentaria que faculte a la AFIP a tomar esta medida, ni el fisco ha individualizado un acto administrativo en particular que determine los motivos de la actuación administrativa y permita al contribuyente ejercer su derecho de defensa, razón por la cual se trata de una vía de hecho que habilita al planteo judicial sin el reclamo administrativo previo”, en voto que fue compartido por el tercer integrante del tribunal, Pérez Villalobo. El caso resuelto por la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba resulta un precedente que cobra mayor relevancia a partir de que la Corte Suprema en autos "FDM Management SRL c/ EN – AFIP – DGI” desestimó el recurso de la demandada y dejó firme la resolución de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso-administrativo Federal que declaró la inconstitucionalidad de la RG 3358/12, que otorga facultades a la AFIP para dar de baja de oficio la CUIT de las personas jurídicas allí mencionadas. 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