La senadora tucumana Silvia Elías de Pérez recordó de que la UCR advirtió que el ex secretario
de Transporte firmó con la empresa un acta compromiso que estaba vigente al momento
de la expropiación. También señaló que ese documento fue suscripto por Julio de Vido
Dentro de unos días se reunirá la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de la Ley de Privatizaciones, con el fin de analizar la posible responsabilidad de ex funcionarios públicos en el proceso de estatización de Aerolíneas Argentinas (AA).
El pedido lo cursó la senadora nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) por Tucumán, Silvia Elías de Pérez, quien recordó que en 2008 ese partido advirtió de que el anterior Gobierno estaba propiciando “la peor salida” para situación por la que pasaba la firma.
Al referise al fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi, del Banco Mundial) que condenó al país a pagarle al Grupo Marsans 320 millones de dólares por la expropiación de AA, enfatizó que su partido y otros sectores advirtieron de que jurídicamente se estaba tomando “el peor camino” y que “iba a resultar oneroso”.
En ese sentido, puntualizó que en 2008 la fuerza que integra indicó que Ricardo Jaime había firmado un acta compromiso con la empresa, que mantenía vigencia al momento de la expropiación. Además, precisó que apuntaron que el documento, que también suscribió el ex ministro de Planificación, Julio de Vido, generaba derechos para la empresa y que lo iba a usar para hacer un juicio multimillonario, tal como ocurrió.
Hace 10 días, el Estado argentino fue condenado a desembolsar US$ 320 millones, más intereses, por los daños que le infringió al Grupo Marsans cuando expropió AA, Austral, Aerohanding, Optar y Jet Paq.
El Ciadi estimó que el país no le dispensó a las demandantes “un trato justo y equitativo” y que violentó cláusulas relacionadasa con las inversiones. El juicio empezó formalmente el 3 de marzo del 2014 y se hicieron audiencias en el Banco Mundial durante 15 días.
Cabe recordar que días pasados asumió como vicepresidente de AA Siro Astolfi, socio de un importante estudio que estuvo detrás de la demanda contra el Estado argentino realizada por Marsans.
Argentina transitó el proceso de defensa con varios problemas. Por ejemplo, en varias oportunidades confundió la naturaleza jurídica de la empresa, ya que AA, más allá de la relación directa que tiene con el mundo aeronáutico nacional, era un empresa privada (una sociedad anónima), no una concesión de un servicio público.
