ESCUCHARLa presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó ayer los decretos de promulgación de leyes clave en defensa de los derechos humanos, entre los cuales autoriza a la Justicia a ordenar la obtención de ADN de imputados o víctimas más allá de sus voluntades, la autarquía del Banco Nacional de Datos Genéticos y la despenalización de la figura de calumnias e injurias a los periodistas.
Así lo anunció el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, al término del acto que se llevó a cabo en el despacho presidencial de la Casa de Gobierno, con la asistencia de la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; del presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, y de otras entidades vinculadas a los derechos humanos.
A diez años del compromiso asumido por el Estado ante los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la jefa de Estado promulgó la norma que permite a los jueces intervinientes en causas por apropiaciones ilegítimas obtener muestras de ADN “por medios distintos a la inspección corporal, como el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas del cuerpo", tal como lo aprobó la Corte Suprema de Justicia y como se aplicó con éxito en varios casos de jóvenes recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo.
Para Estela Carlotto, el procedimiento para la extracción de ADN no es “compulsivo", sino “una metodología alternativa, no violenta, no invasiva y (efectuada) con respeto" para lograr información genética a través de un equipo especialmente preparado para este tema. Añadió que quien no quiere dar sangre “va en contra de sus derechos" y subrayó que “no estamos en guerra con nadie, sólo (tenemos) la tenacidad de insistir en que nuestros niños recuperen sus derechos" y calificó el hecho como “un día magnifico" y “la culminación para brindar por algo que salga en todos los medios en la dimensión que merece", y que fue presentado ante al Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Carlotto opinó que el tema fue “discutido y bastardeado", sostuvo que las “ofendieron" y subrayó: “Lo que hacen las Abuelas es sólo para bien y no sólo el encuentro de nuestros nietos, sino poner la historia con verdad y justicia".
Por su parte, el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, confió que la jefa de Estado promulgó el decreto de la ley que despenaliza la figura de “calumnias e injurias" para casos de interés público.
Explicó que se “suprimen" las calumnias e injurias, pero que cuando “se trata de cuestiones privadas de ciudadanos sigue rigiendo el código anterior" y acotó que “la pena de cárcel puede ser reemplazada por multa".
Remarcó que en caso de interés público por “críticas a funcionarios, opiniones e informaciones de actos de gobierno no pude haber un proceso penal" y por lo tanto dejó en claro que la promulgación de la norma clausura las causas que avanzaban en diversos juzgados del país a partir de las querellas por calumnias e injurias contra periodistas de distintos medios.
