Admitieron excepción de prescripción del Estado en un reclamo por la AMIA

Por mayoría, el fallo plasmó que el lapso comenzó a correr desde el momento de la comisión del hecho, y que, siendo aplicable el bianual por tratarse de responsabilidad extracontractual, éste ya había transcurrido en exceso al momento de la interposición de la demanda. [privado] Por mayoría, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso-administrativo Federal confirmó el fallo que hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por el Estado nacional contra la pretensión de un sobreviviente al atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), quien pretendía ser indemnizado con base en el reconocimiento del Estado de su responsabilidad, por falta de prevención. La alzada recordó que la prescripción comienza a correr desde el momento de la comisión del hecho, y siendo el plazo aplicable el bianual, por tratarse de responsabilidad extracontractual, razonó que éste ya había transcurrido en exceso al momento de la interposición de la demanda. “A los efectos de determinar el punto de partida del lapso extintivo, el Alto Tribunal ha precisado, como regla -y sobre la base del principio general que emerge del artículo 3956 del Código Civil- que aquél comienza en el momento en que los daños fueron conocidos por el reclamante y asumieron un carácter cierto y susceptible de apreciación, sin que obste a ello que tengan una duración prolongada o indefinida”, reseñó. En tanto, consignó que a partir de la naturaleza y magnitud del hecho que el actor señaló como generador de responsabilidad (cuyo efecto directo e inmediato sobre su persona es imposible desconocer, más allá de cuál sea su real y última dimensión), acaecido el 18 de julio de 1994, y dada la fecha en que la demanda fue presentada -el 21 de noviembre de 2006-, cabía concluir que fue correcto el tratamiento que se le dio a la cuestión en la instancia anterior, porque al momento en que el actor formuló su pretensión habían transcurrido más de 11 años desde el suceso generador del daño. “El plazo de prescripción debe computarse a partir del día del atentado, resultando el sujeto demandable nítidamente identificable, toda vez que el deber de seguridad y prevención que se imputa no puede recaer en otro individuo que no sea el Estado”, enfatizó. Decreto 812 Además, el voto mayortario -integrado por los vocales José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez- puntualizó que la presentación del actor como parte querellante en la causa penal, acreditada el 7 de julio de 1998, no pudo tener efecto suspensivo sobre el curso de la prescripción porque a esa fecha ya había transcurrido holgadamente el plazo bienal aplicable y no es posible suspender la prescripción cumplida. Paralelamente, respecto al decreto 812/05, mediante el cual el Estado nacional reconoció su responsabilidad por el atentado, más allá de que constituya o no un reconocimiento de deuda, lo cierto es que éste no puede interrumplir un plazo de prescripción ya operado, cuyo efecto inmediato es que las obligaciones adquieran la calidad de naturales. Disidencia Por su parte, en disidencia, la jueza María Claudia Caputi aseguró que el instituto de la prescripción es de aplicación restrictiva y que ante la duda debe preferirse la solución que mantenga vivo el derecho. “Si bien la acción se sustenta en la invocación de los daños derivados de la explosión, ello no significa que necesariamente la acción resarcitoria haya nacido con dicho acontecimiento”, resaltó, plasmando que, en ese sentido, debía tenerse en cuenta que el decreto 812/2005 implica un verdadero reconocimiento por parte del Estado de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados en la sede de la AMIA. Así, opinó que no era un obstáculo que el plazo de prescripción bienal hubiera vencido con anterioridad a la interposición del reclamo, toda vez que aquélla es materia renunciable aun cuando ya esté ganada o cumplida. “Si bien es cierto que la intención de renunciar no se presume y que la interpretación de los actos que induzca a probarla debe ser restrictiva, las singulares y trágicas circunstancias que despiertan en el caso la acción resarcitoria justifican plenamente la conclusión de que el Estado Nacional, con la sanción del decreto 812/2005, ha manifestado tácitamente su voluntad de renunciar a la prescripción ganada”, expresó Caputi. Finalmente, manifestó que el hecho de que la manifestación de voluntad del máximo representante del Estado argentino ante la instancia interamericana recibiera posteriormente la aprobación mediante un acto regido por el derecho interno refrendaba los efectos jurídicos, que pueden razonablemente ser considerados como originados por la firma del acta en cuestión (ver aparte). Un fallo reciente de la Corte Suprema acordó reparación para familiares El día 10 pasado, la Corte Suprema ratificó una indemnización millonaria a favor de la esposa y los hijos de una de las víctimas mortales del atentado a la AMIA, por cuatro millones de pesos. Al resolver, la Corte tomó en consideración que en 2005, en el marco de una denuncia formulada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las organizaciones no gubernamentales Memoria Activa, CELS y CEJIL, la República Argentina firmó un acta de entendimiento en la que reconoció su responsabilidad tanto por el incumplimiento de su función de prevención -al no adoptar las medidas eficaces para intentar evitar el atentado- como por el encubrimiento de los hechos y el incumplimiento de la función de investigarlos. El Máximo Tribunal entendió que de esa manera el Estado nacional había reconocido ante la CIDH, en forma incondicionada y absoluta, que su obrar violó los derechos de las víctimas y sus familiares, generando la obligación a indemnizar, sin distinguir si los damnificados habían iniciado o no acciones judiciales. [/privado]

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