Admiten título “autocreado” para confirmar ejecución de saldo de cuenta bancaria

El pronunciamiento entendió que la documentación presentada por el banco cumplía con las previsiones que, sobre la materia, determina el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación [privado]

La Cámara 4ª en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba confirmó la ejecución del saldo deudor de una cuenta corriente bancaria y rechazó la inadmisión de la excepción de inhabilidad de título presentada por el demandado, al validar el documento ejecutivo “autocreado” por la accionante, Banco Santander SA.

El tribunal -integrado por los vocales Raúl Fernández, Federico Ossola y Viviana Siria Yacir - precisó que la cuestión se circunscribía a determinar si la excepción de inhabilidad de título interpuesta por el demandado estuvo correctamente rechazada.

En ese sentido, indicó que el planteo defensivo se dirigió a cuestionar la habilidad del certificado emitido por la entidad bancaria por no constar en él datos que acreditaran la calidad de apoderados con facultades suficientes de los firmantes, como tampoco los que individualizaran el envío postal con el que se notificó el cierre de la cuenta y el saldo resultante.

Bajo esa premisa, recordó que la materia ha obtenido una nueva regulación a partir de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), que en su artículo 1406 señala que el documento debe ser firmado por dos personas, apoderadas del banco, mediante escritura pública, en el que se debe indicar: día de cierre de la cuenta; saldo a dicha fecha, y medio por el que ambas circunstancias fueron comunicadas al cuentacorrentista.

Por ello, consideró que el certificado de saldo deudor responde a los llamados títulos “autocreados”, en los que el deudor no interviene de manera alguna en su confección ni tan siquiera con su rúbrica.

Rigurosidad

De esto se destacó que tal circunstancia exige mayor rigurosidad a la hora de determinar la información que debe contener el documento y, más aún, que debe ser proporcionada a la persona de quien se requiere el pago, a los fines de garantizarle un adecuado ejercicio del derecho de control.

En esa senda, el decisorio destacó que el recaudo de la firma de dos personas que sean apoderadas de la entidad, “si bien es mirada por la doctrina como una flexibilización al requisito de la suscripción por gerente y contador de la sucursal bancaria (artículo 793, CCCN) que tantos debates generó, lo cierto es que deja trascender la necesidad de un complemento que acredite que los suscriptores poseen las condiciones que la ley exige, es decir, que son apoderados y que tienen facultades suficientes al efecto”.

Requisitos

Asimismo, los camaristas ponderaron que, de tales requisitos, en el que corresponde tallar en esta oportunidad a tenor de la apelación consiste en que “debe ser firmado por dos personas, apoderadas del banco mediante escritura pública”.

Observaron que la presentación a juicio de ésta, que acredite las facultades de los firmantes para emitir el título con carácter ejecutivo, se impone desde que sólo mediante la lectura del instrumento podrá verificarse el debido cumplimiento de la exigencia normativa.

Así las cosas, el fallo sostuvo que es un hecho incontrovertido que, en oportunidad de evacuar el traslado de las excepciones, la parte actora acompañó al proceso la escritura (número 56, de fecha 22/2/2018) en la que consta el poder otorgado a Lucas Rastelli y Adrian Tartac, a los fines de “expedir y suscribir las constancias o títulos con eficacia ejecutiva que certifiquen los saldos deudores registrados en cuentas corrientes abiertas en el Banco”, así como copia de la carta documento que notifica el cierre de la cuenta corriente de titularidad del demandado y el saldo ahora ejecutado.

El pronunciamiento concluyó que la circunstancia apuntada, sumada a la falta de impugnación de los documentos incorporados, “sin lugar a duda tornó abstracta la discusión y selló la suerte adversa del planteo de inhabilidad de título, por cuanto en el marco del proceso, la información requerida por el demandado -e impuesta por la norma- fue debidamente integrada por el ejecutante, evidenciando que el título base de la ejecución es hábil por estar confeccionado conforme a las pautas legales”.