Admiten demanda por daños contra un geriátrico

En fallo por mayoría, el tribunal interviniente revocó la decisión en contrario dictada en primera instancia y condenó al establecimiento por daños y perjuicios derivados de la muerte de una paciente [privado]

Por mayoría, la Cámara 7ª Civil y Comercial de Córdoba admitió una demanda de daños y perjuicios, entablada por los hijos de una mujer que falleció por presunta falta de atención adecuada en un establecimiento geriátrico. Para la minoría, no se probaron los hechos descriptos en la demanda.

La vocal María Rosa Molina de Caminal indicó en su voto, a la postre mayoritario, que la relación jurídica del caso se encontraba alcanzada por la Ley de Defensa del Consumidor (LDC), siendo ese rol el de la madre de los actores y el prestador de servicio, el demandado geriátrico San Andrés.

La magistrada señaló que la administradora del establecimiento demandado manifestó que lo único que al momento del juicio tenía esa institución eran fotocopias de una supuesta historia clínica de la fallecida María Graciela Mansilla Díaz, desconociendo el paradero de los originales de ese documento, lo cual la jueza consideró una conducta obstructiva del accionar judicial y violatoria de la normativa aplicable, que responsabiliza a la institución que tiene su guarda, cuyo titular es del paciente.

Para Molina de Caminal, no puede sino considerarse prueba eficiente de la situación de salud denunciada por los actores la consecuencia del obrar notablemente contrario a derecho observado por los demandados.

La jueza valoró que, aun cuando no resulte determinante del incumplimiento legal referido, deriva la presunción de veracidad de los dichos de la demanda, adicionadas a ello las valoraciones de la a quo respecto de la imposibilidad de que las pésimas condiciones de la residencia geriátrica, clausurada por ese motivo dos años después, no hubieren existido al tiempo del cese de la hogarización de la mujer.

"Aun cuando no resulte determinante del incumplimiento legal referido, deriva la presunción de veracidad de los dichos de la demanda, adicionadas a ello las valoraciones de la a quo respecto de la imposibilidad de que las pésimas condiciones de la residencia geriátrica, clausurada por ese motivo dos años después, no hubieren existido al tiempo del cese de la hogarización de la mujer".

Argumento de la vocal María Rosa Molina de Caminal.

La magistrada concluyó que la prueba directa del estado de salud de la fallecida sólo podía resultar de historias clínicas que la parte demandada tenía en su poder, siendo la herramienta para demostrar la falsedad de los dichos de los accionantes, lo que el geriátrico no hizo, pues solamente acompañó unas fotocopias que no pueden tenerse en cuenta, a tenor de las formalidades que la ley impone a esos registros.

Según la vocal, tal gravísima omisión no puede sino conducir al acogimiento de la demanda, por aplicación de las cargas dinámicas de la prueba y de las presunciones derivadas de la aplicación de las leyes 24240 y 26539.

El voto del vocal Rubén Atilio Remigio se pronunció en igual sentido, añadiendo que aun cuando se considerara que los actores no han logrado demostrar acabadamente los daños que afirman que padeció su madre, la relación de causalidad puede ser presumida a tenor de la abundante prueba colectada con relación a la ausencia de habilitación y demás infracciones constatadas dos años después del suceso de autos.

Remigio observó que si la parte actora consiguió probar una deficiente prestación del servicio por parte del geriátrico, es lógica consecuencia de ello tener por real que Mansilla Díaz haya presentado las lesiones que los actores alegan en la demanda.

Minoría

En disidencia, el vocal Jorge Miguel Flores señaló que la partida de defunción de Mansilla Diaz registra como causa de muerte shock cardíaco irreversible y que de la historia clínica del Hospital Nacional de Clínicas surge que en la última internación la madre de los actores ingresa al nosocomio con un DX de neumopatía infecciosa aguda, presentando trastorno en su ciclo de sueño y excitación psicomotora.

El juez Flores consideró que, si bien al momento del alta la paciente presentaba buen estado general, la institución que la atendió solicitaba “internación crónica”, es decir, que en principio, por el cuadro de salud de la paciente, no debió ingresar a un geriátrico sino continuar con asistencia en una institución médica.

De ello, el magistrado derivó que si sus hijos tomaron una decisión contraria a la sugerida por el galeno del Hospital Nacional de Clínicas, teniendo en cuenta el delicado estado de salud de su progenitora, con mayor razón debieron acreditar que la mala atención y falta de cuidados del geriátrico afectó su estado de salud, falleciendo finalmente el 8/12/2009.

La minoría evaluó que el hecho que los demandantes aportaran elementos importantes respecto del mal funcionamiento del geriátrico, como el informe de la Municipalidad de Unquillo del que surge la constatación, con posterioridad, de numerosas infracciones cometidas por el establecimiento de la demandada; del que surge la ausencia de habilitación desde el año 1995, y las constancias que demuestran las numerosas irregularidades edilicias y de funcionamiento del geriátrico, lo que indudablemente debe afectar la salud psicofísica de los internos, “ello no alcanza y muchos menos se torna evidente, como sostienen los recurrentes, que esas irregularidades o deficiencias del servicio geriátrico haya sido la causa del desenlace fatal que los actores señalan en la demanda”.

Sentencia

En definitiva, tras analizar y cuantificar los rubros peticionados, en el fallo se resolvió, por mayoría, acoger el recurso de apelación Juan Carlos Portela y Graciela Beatriz Portela, revocar en todas sus partes el fallo impugnado y “hacer lugar a la demanda en contra de la Residencia Geriátrica San Andrés SRL y de sus socios gerentes (...) Rodolfo Agustín Racca y Rodolfo Tomás Racca”, a quienes se condenó solidariamente a abonar $161.500 ($1.500 por gastos de traslado, farmacia y médicos y $160.000 en concepto de daño moral ($80.000 para cada accionante), sumas a la que corresponde adicionar un interés a la tasa pasiva promedio que fija el Banco Central con más dos por ciento mensual o el interés que fije en el futuro el TSJ para las obligaciones en mora.