Admiten amparo de joven con trastorno bipolar

El tribunal rechazó la apelación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que se fundaba en que el certificado de discapacidad del amparista se encontraba vencido

La Cámara 8ª Civil y Comercial de Córdoba confirmó la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo promovida en contra del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, entidad a la que ordenó otorgarle al amparista la cobertura integral y total reclamada.[privado]

Los vocales Gabriela Eslava, José Manuel Díaz Reyna y Héctor Liendo destacaron que A. E. V. solicitó tratamiento por trastorno bipolar tipo I, caracterizado como desorden por déficit atencional hiperquinético de larga duración.

El pedido del accionante se orientaba para cubrir sus tratamientos de rehabilitación, terapias individuales y familiares, controles farmacológicos, asesoría familiar, talleres, medicamentos y gastos de escolaridad.

El tribunal precisó que en la presente acción se encuentra involucrado el derecho constitucional a la salud de un joven de actualmente 20 años de edad, quien se encuentra en situación de vulnerabilidad extrema.

Así, se expuso que no se encuentra controvertido en los presentes que el amparista merezca toda la cobertura de una persona discapacitada, ello sin perjuicio de que en la actualidad su certificado de discapacidad se encuentre vencido.

El fallo agregó que los certificados de discapacidad, sin excepción, poseen fecha de vencimiento, con vigencia de entre tres y cinco años, observando que el hecho de que no lo tenga vigente actualmente no equivale a decir que la persona haya dejado de serlo o que no requiera la cobertura de una persona discapacitada sino sólo que no fue oportunamente renovado.

Los camaristas consideraron que la no renovación del certificado “tampoco es una conducta que pueda reprocharse a la persona (del amparista) dada la delicada patología psiquiátrica que desarrolla, lo que afecta lógicamente la toma decisiones y, mucho más, la realización de todas las diligencias necesarias para solicitar la renovación”.

Los jueces concluyeron que la falta de renovación del certificado “no puede resultarle perjudicial a su persona, o significarle la pérdida de sus derechos, máxime si se tiene en cuenta que se encuentra en juego el derecho constitucional a la salud de A., que por tanto merece un plus de protección”, remarcando que “en todo caso el certificado de discapacidad sirve para su protección, pero de ningún modo puede ir en contra de su persona, o de sus derechos”, derivando que por ello “el peticionante no puede verse perjudicado en su derecho a tener una cobertura pertinente, eficaz e integral”.

Condición

El tribunal subrayó que, además del certificado, la condición del peticionante surge corroborada del certificado de la médica psiquiatra que lo trata, del certificado del centro de asistencia al que asiste y del informe psicológico.

La decisión advirtió que surge de la historia clínica remitida por el Hospital de Niños de Córdoba que el amparista fue ingresado por intento de suicidio el día 19/03/2014, que allí permaneció hasta el 26/03/2014 y los informes de los psicólogos y psiquiatras que lo trataron durante ese año y los de 2015, 2016 y 2017 dejan constancia de que el paciente no puede abandonar el tratamiento médico-psiquiátrico-psicofarmacológico y psicoterapéutico, siendo su diagnóstico de evolución crónica y pronóstico reservado.

La Cámara destacó: “Tomo especialmente en cuenta lo constatado y lo dicho por el propio actor en la audiencia llevada a cabo llevada a cabo hace pocos días, en la cual tomamos contacto personal con él”, y agregó que A. E. V. padece un trastorno que pone en serio riesgo tanto su propia integridad como la de terceros, lo cual se encuentra confirmado por el hecho de que en la actualidad se encuentra internado en grave estado en el Instituto del Quemado, como consecuencia de las serias consecuencias contra su persona en el último intento que hizo por quitarse la vida, todo conforme lo manifestado en forma personal por su letrado en la barandilla del tribunal, no contando con ningún elemento como para no tenerlo por cierto.

Contexto

En dicho contexto, la alzada consideró: “Teniendo en consideración que la causa fue iniciada hace seis años, que los magistrados no podemos ser fugitivos de la realidad, sino que las resoluciones jurisdiccionales deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la traba de la litis y valorando asimismo que nuestro país ha incorporado al derecho interno la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -y su protocolo facultativo, no resulta razonable ni justificada, la decisión del CPCE de negarle la cobertura total e integral de salud que fuera ordenada en la sentencia objeto del presente recurso”.