ESCUCHARLo resolvió la Cámara Segunda Contencioso-administrativa. La Provincia tiene 30 días para responder. Entre otros pedidos, se plantea la necesidad de que se ponga en práctica un sistema de alerta temprano de crecientes.
La Cámara Segunda en lo Contencioso-administrativo de la Justicia provincial admitió el recurso ambiental presentado por vecinos de Sierras Chicas contra la Provincia en el que se piden garantías de obras para evitar nuevas inundaciones.
El decreto de admisión fue firmado por el juez Humberto Rodolfo Sánchez Gavier, quien emplazó al Ejecutivo provincial a que en el término de tres días comparezca y en 30 días ofrezca informes acerca de las acusaciones que le formularon los vecinos.
Después, debería abrirse una instancia de sustanciación de pruebas, previa a una eventual sentencia.
Entre otras cosas, los vecinos piden que se realicen las obras de infraestructura necesarias en el dique La Quebrada (dragado, compuertas); que se elabore y gestione un protocolo de manejo del dique; que se cree y ponga en marcha un sistema de alerta temprano de crecientes; que se contruyan minidiques y lagunas de retención y que se arme un plan de remediación forestal. Todo con el objetivo de evitar nuevas inundaciones.
A su vez, plantearon la necesidad de que el dinero aportado para las obras de reconstrucción se deposite en un fondo fiduciario y que se le dé participación a los vecinos en el control de la ejecución de estos fondos.
El abogado Mauro Ompré, representante de los vecinos, aseguró a Comercio y Justicia que para la presentación del amparo ambiental tomaron en consideración la causa por la limpieza del Riachuelo, en la que el 8 de julio de 2008 la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo histórico por el cual se determinó quiénes son los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento y el plazo en que deben ser ejecutadas, dejando abierta la posibilidad de imponer multas para el caso de incumplimiento.
Un paso adelante
Paralelamente, la Justicia de Jesús María admitió un amparo ambiental presentado por vecinos afectados por las inundaciones para que el Gobierno provincial realice obras de remediación y prevención en la cuenca del río Guanusacaste. En el amparo los vecinos afirmaron estar “desamparados, mirando al cielo y rogando que no vuelvan a producirse precipitaciones”.
Al igual que en Córdoba, en la resolución de la Cámara en lo Contencioso-administrativo de Segunda Nominación de Jesús María se emplazó al Gobierno de Córdoba a que se presente en la Justicia para determinar si hubo inacción, omisión e incumplimiento de sus obligaciones como responsable del resguardo de la integridad del río y sus afluentes.
