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Las organizaciones que trabajan con la problemática plantean que se requiere de una normativa especial sobre el abordaje y el tratamiento de los pacientes; principalmente, de los que cursan cuadros críticos. Las internaciones involuntarias figuran entre los temas que se debatirán en los próximos meses. El diputado Luis Di Giacomo recibió petitorios y afirmó que serán tenidos en cuenta
En el Congreso Nacional, el diputado Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) recibió a varios representantes de organizaciones que trabajan con la problemática del abuso de substancias y la adicciones, quienes le llevaron petitorios.
Todos los grupos reclaman una ley específica para el tratamiento y abordaje de los casos.
Según el legislador rionegrino, los aportes se tomarán en cuenta para un proyecto normativo que está en preparación.
Di Giacomo preside la Comisión de Adicciones y Control del Narcotráfico, de la Cámara Baja, y está redactando una iniciativa que promueve el abordaje integral de la dependencia de drogas.
En ese marco, asumió el compromiso de impulsar encuentros, congresos y actividades que enriquezcan el texto y, según manifestó, “sumen a todos los actores”.
“Queremos que este proyecto contemple acciones preventivas, control de oferta de drogas lícitas e ilícitas y la creación de un sistema nacional de atención a personas drogodependientes”, explicó.
Sobre la reunión con los grupos, señaló que hubo un intercambio interesante de ideas y precisó que los reclamos se enfocan en la necesidad de elaborar una ley específica de adicciones. Indicó que el foco está en las dificultades que tiene el actual marco normativo, tanto para las personas afectadas por la adicción como para sus familiares y allegados.
Los petitorios fueron firmados por Madres contra el Paco; la Federación de Organizaciones no gubernamentales de la Argentina para la prevención y el tratamiento del abuso de drogas; la Asociación Argentina de Especialistas en Adicciones y la Cámara de Prestadores de Atención en Adicciones y Vulnerabilidad Social, entre otras entidades.
Cabe recordar que a fines de julio, altos funcionarios reconocieron que la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM) no brinda “respuestas adecuadas”
La norma, aprobada en noviembre de 2010 -a libro cerrado en Diputados y casi sin debate en Senadores-, quedó nuevamente en la mira por el caso del músico Santiago “Chano” Moreno Charpentier, quien estuvo internado en grave estado por haber recibido un disparo en el estómago de un efectivo de la Policía Bonaerense, mientras atravesaba una crisis de salud mental generada por su abuso de drogas y amenazaba con un cuchillo a miembros de su familia y a otras personas que intentaban contenerlo.
Deficiencias
Las deficiencias de la normativa, que promueve el ideario denominado “abolicionismo psiquiátrico”, volvieron a ser resaltadas por sus críticos en septiembre del año pasado, luego del crimen del inspector de la Policía Federal Juan Pablo Roldán, asesinado a puñaladas por Facundo Roza, quien sufría un brote de esquizofrenia, en el barrio porteño de Palermo.
En ese entonces, en artículos periodísticos, entrevistas gráficas y televisivas y redes sociales, muchos psiquiatras recordaron que las asociaciones que los representan no fueron escuchadas por los legisladores -hace más de una década, cuando se diseñó la legislación-. También denunciaron que ninguna facultad de Medicina de Argentina participó de la redacción del texto y sostuvieron que el articulado fue producto del enfoque que tienen sobre la materia psicólogos, abogados, juristas y políticos. Entre los profesionales que expresaron sus quejas figura el médico Juan Aspitarte (MP 80939), psiquiatra desde 1981 en ciudades de la provincia de Buenos Aires como Azul, Olavarría y Pigüé.
En un análisis publicado por la Asociación Argentina de Psiquiatras a poco de promulgada la LNSM, Néstor Stingo, psiquiatra y ex jefe del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Borda, escribió: “Con asombro observamos que la Salud Mental parece estar fuera del campo de la medicina, pues se considera que un equipo interdisciplinario conformado por un trabajador social, un terapista ocupacional, un enfermero y otras disciplinas o campos afines -antropólogo, sociólogo-, con la presencia de un psicólogo, pueden diagnosticar y evaluar todas las enfermedades mentales”.
En una entrevista, en octubre de 2020, sostuvo que lo sucedido en la ciudad de Buenos Aires era responsabilidad de quienes “minimizaron la acción de la psiquiatría” al respaldar la ley vigente. También los culpó por la cantidad de personas con enfermedades mentales que viven en la calle o con sus familias sin tratamiento, pese a tener “niveles brutales de agresividad”. Incluso, dijo que en 30 por ciento de los casos de violencia de género hay “patología psiquiátrica pura”.
El punto más cuestionado de la LNSM es el relativo a las incumbencias profesionales de los integrantes de los equipos interdisciplinarios, ya que pone en pie de igualdad a psicólogos y psiquiatras y le quita preeminencia al médico en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad mental, una pauta que genera problemas operativos en el momento de la toma de decisiones en situaciones extremas, como internaciones de adictos.
Establece el abordaje interdisciplinario en los tratamientos psicofarmacológicos, en la evaluación diagnóstica para decidir una internación, en el alta, externación o permiso de salida y en la declaración judicial de inhabilitación o de incapacidad.
Los galenos expertos en salud mental respaldan la noción de que el tratamiento médico no basta, pero estiman que los roles no son intercambiables y que cada profesional debe aportar desde su área; ello así, porque hay síntomas que parecen psiquiátricos pero pueden tener origen en una enfermedad orgánica y para detectar ciertos casos no basta la formación en humanidades o en ciencias sociales.
Mientras “Chano” estaba siendo tratado de las heridas producto del tiro recibido, su madre habló con la prensa y declaró que hacía años que pedía ayuda por sus adicciones. “Llamé a una guardia médica para que ayudara a mi hijo, y sabía que se iban a encontrar con alguien que estaba mal. Yo sólo pedí ayuda. No sé a quién tenían que mandar o cómo es el procedimiento, sólo pido que hagan algo con la ley porque la adicción es una enfermedad y nadie nos da respuesta. Está lleno de madres que no tienen visibilidad y nadie las escucha”, planteó la mujer. Luego, ante la persistente polémica por la actuación del agente policial que hirió gravemente al cantante, el ex subjefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Salvador Baratta, aseguró: “No tenemos una ley de salud mental que abarque qué hacemos con los enfermos”.
Por su parte, el defensor del Pueblo adjunto bonaerense, Walter Martello, estimó que el marco normativo “no brinda respuestas adecuadas” en casos como el protagonizado por Moreno Charpentier”, y recordó que hay miles de familias que reclaman poder internar a sus hijos con adicciones.
Martello, responsable del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría, se refirió a una situación que se repite diariamente, a saber: madres, padres, hermanos, familiares, amigos que reclaman que alguien ayude a sus seres queridos que ya no pueden valerse por sí mismos y que “son peligrosos para sí y para terceros”.
Para Martello, es necesario revisar en la LNSM lo estipulado sobre las internaciones involuntarias. Aunque opinó que siempre deben concebirse como un recurso terapéutico excepcional, admitió que a la hora de instrumentar los requisitos que establece la norma, en los casos severos hay “serios problemas”.
Ideológico
“La ley es impecable desde el punto de vista ideológico pero es de difícil aplicación porque Argentina no tiene un sustento vinculado con el seguimiento de los pacientes, de carácter universal”, agregó.
“Necesitamos una ley o una reglamentación que les dé más herramientas a los profesionales de la salud y a las familias”, abundó.
El funcionario consideró que la sanción de la legislación vigente fue “un inmenso avance respecto a su antecesora”, que regulaba las internaciones de personas con enfermedades mentales, alcohólicos crónicos o toxicómanos, pero enfatizó que hay dificultades que deben ser subsanadas. “¿Qué grado de autodeterminación y voluntad propia posee una persona para decidir sobre si inicia o si continúa o no su internación, si precisamente está comprometida su voluntad y su psiquis por los efectos de las drogas?”, inquirió.
Bajo esa premisa, expresó que el paradigma actual hace que la persona “llegue hasta su límite”.
Martello aclaró que no debe haber un retroceso en el esquema de derechos de la persona con padecimientos mentales o con casos graves de adicción, ni en el esquema de razonabilidad, proporcionalidad y control judicial de las medidas adoptadas tendientes a asegurar su salud y su vida.
“La perspectiva de derechos no debería anteponerse a la perspectiva de salud, especialmente en situaciones de riesgo efectivo. Sin embargo, sucede”, concluyó.
Me interesa mucho el tema por tener una hija con problemática de adicciones.Creo que es fundamental lograr que no sea voluntaria la internacion de adictos en comunidades terapéuticas.El adicto no tiene capacidad de decidir en circunstancias de riesgo para sí y terceros.