Acreedores de la EPEC también deben esperar cuatro meses para ejecutar sentencias en su contra

Frente a la existencia de fallos contradictorios sobre el particular, el Alto Cuerpo concluyó que la empresa energética también cuenta con el beneficio dado a los Estados para cumplir una condena firme

Al existir sentencias contradictorias sobre la aplicación de la artículo 806 del Código Procesal Civil y Comercial (CPCC), en cuanto dispone un plazo de espera de cuatro meses para la ejecución de la sentencias en contra de los Estados municipal y provincial desde el momento en que la planilla de ejecución se encuentre firme, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) hizo lugar al recurso casatorio por la Empresa Provincia de Energía de Córdoba (EPEC) y la incluyó en la aplicación del mencionado artículo por tener un propósito público y que, al ser una empresa del Estado, su capacidad de administración se encuentra subordinada a la normativa de derecho público y a diversos controles por parte de éste, por lo que resulta prudente asimilarlo a los fines de la aplicación del régimen previsto para el cumplimiento de sentencia, en tanto la posibilidad de pago no es inmediato.

Fundamento

La empresa energética interpuso recurso de casación con fundamento en la causal prevista por el inciso 3°, artículo 383 del CPCC, en contra del Auto Interlocutorio N° 318, de fecha 28 de diciembre de 2021, dictado por la Cámara 7ª en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba.

La recurrente invocó como fundamento recursivo los disímiles criterios interpretativos de las distintas cámaras, remarcando la necesidad de contar con una resolución del tribunal de casación que se pronuncie definitivamente con relación al plazo de pago antes mencionado, a fin de evitar la pérdida de tiempo y dinero.

La compañía mencionó y enumeró las resoluciones de alzada que, a su modo de ver, admiten la aplicación del artículo 806 CPCC en el caso de la EPEC y, en capítulo aparte, afirmó que existen disímiles interpretaciones legales respecto a la aplicación de dicho precepto normativo.

Al analizar la cuestión, el TSJ, integrado por Marta Cáceres, Domingo Juan Sesin y Luis Eugenio Angulo, observó que la reglamentación a la cual se encuentra sujeta EPEC justifica que le sea aplicable el régimen previsto para la ejecución de las sentencias contra el Estado.

En primer lugar, el Alto Cuerpo indicó que la propia ley establece que la finalidad de la empresa es satisfacer el interés general de la población en materia energética (artículo 3 de la ley 9087).

Órbita

Asimismo, indicó que en su artículo 7 la misma norma dispone que la empresa pertenece a la órbita del Ministerio de Obras Públicas y Servicios (MOPS) y que su gestión se desarrolla de manera descentralizada para asegurar su eficiencia.

De ello el fallo derivó que “todo ello evidencia que, acorde con su naturaleza de ente autárquico, la empresa tiene un propósito público, en tanto realiza una actividad cuyo fin es propio del Estado”.

Asimismo, los jueces sostuvieron que la EPEC debe rendir cuentas anualmente de su gestión económico-financiera al Tribunal de Cuentas provincial, mediante la presentación de su balance general, estado de resultados, notas y cuadros anexos; documentos que, remarcaron, son publicados en el Boletín Oficial de la Provincia.

Así las cosas, el Alto Cuerpo concluyó que las prescripciones reseñadas demuestran que la situación de la EPEC, en orden a cumplir la condena al pago de una suma de dinero, no puede ser asimilada a la de cualquier persona jurídica que, simplemente, disponga de los fondos para afrontar el pago.

Por otro lado, se indicó que su administración se encuentra sujeta a diversos pasos procedimentales y controles direccionados en resguardo de su finalidad pública, razón por la cual no puede adjetivarse como irrazonable el plazo de cuatro meses dispuesto en el artículo 806, CPCC.

Trascendente

A su vez, los vocales remarcaron que lo trascendente, a fin de equiparar la empresa con el Estado, no es el marco organizativo interno que, como compañía, pueda haber dispuesto para realizar un pago, sino la clase de proceder y contralor que se le impone a fin de preservar la legalidad jurídica objetiva.

Por todo lo expuesto, en el fallo se resolvió que dado que la solución propiciada en el resolutorio en crisis no se ajusta al temperamento interpretativo dispuesto en este análisis, el TSJ dispuso que correspondía acoger el recurso de casación fundado en la causal que prevé el inciso 3º del artículo 383, CPCC y, en su mérito, anular la decisión del tribunal de origen y reenviar la causa a la Cámara en lo Civil y Comercial que sigue en nominación a ésta, a fin de que emita nuevo pronunciamiento sobre la cuestión debatida, con arreglo a la doctrina sentada por el máximo estrado judicial de la Provincia.