La Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial aclaró que el domicilio fijado contractualmente no puede ser asimilado al previsto en el art. 40 del Código Procesal.
En “Banco Comafi S.A. c/ Cordano, Daniel Ricardo y otro s/ Ejecutivo” los jueces Eduardo Machin y Julia Villanueva explicaron que el domicilio fijado contractualmente puede ser considerado domicilio especial a todos los efectos derivados del contrato, pero ello no implica que tal domicilio pueda ser asimilado sin más al previsto en el art. 40 del código procesal con las consecuencias contempladas en los arts. 41 y 42 de ese mismo cuerpo legal.
Los magistrados recordaron que la norma que rige cuál es el domicilio en el que debe efectuarse el emplazamiento al juicio, es el citado art. 40, el que no efectúa la distinción que pretendía el recurrente.
Sostuvieron que la calificación de domicilio como «constituido», por ende, sólo corresponde al domicilio procesal o ad litem. Esto es, el fijado a los efectos del proceso conforme al régimen establecido en la mencionada norma.
La Sala concluyó: “La especial trascendencia de la notificación del traslado de la demanda (mediante la intimación de pago) motiva que la ley disponga que sea practicada en el domicilio real y la rodea de formalidades específicas, debiendo procederse con criterio estricto en la apreciación del cumplimiento de los recaudos legales establecidos para dicho acto, por ser el que se vincula más estrictamente con la finalidad de evitar la indefensión del demandado”.
