Abusos contra niños en los años 80: la Justicia del Chaco puede sentar jurisprudencia

Mientras se desarrolla el juicio en contra de una docente jubilada -el más antiguo de su tipo en llegar a esa instancia-, la abogada de las víctimas afirmó que lo que se decida será un precedente en los ámbitos provincial, nacional e internacional

En Chaco, la abogada de las víctimas del caso de abuso sexual más antiguo en llegar a juicio, Nahir Barud, aseguró que la Justicia provincial tiene la oportunidad de “marcar un precedente nacional, provincial, e internacional” si condena a la acusada de agredir en la década de 80 a dos niñas de tres y cinco años que pudieron hacer la denuncia a casi cuatro décadas de ser agredidas. [privado]

Desde fines de mayo la docente jubilada Noemí Alvarado, de 84 años de edad, está sentada en el banquillo como presunta partícipe necesaria de abuso sexual y como supuesta autora de corrupción de menores.

Su ex pareja, Daniel Pacce, sindicado como coautor, ya falleció.

Ya declararon más de 15 testigos ante la Cámara Tercera en lo Criminal, presidida por Ernesto Azcona, e integrada por Virginia Ise y Natalia Kuray.

Las denunciantes son Rosalía Alvarado, sobrina de Pacce, y María Belén Duet, hija de maestra que trabajaba en el mismo colegio donde Alvarado era directora.

Juntas crearon la ONG Al fin justicia, que acompaña a personas que pasaron por situaciones de violencia sexual.

Querella

Barud es querellante en el caso junto a su colega Kevin Nielsen.

El juicio se encamina a la etapa de alegatos. Hasta ahora, el caso de abuso que más tiempo insumió para llegar a debate fue el del ex sacerdote Justo José Ilarraz, de Entre Ríos, condenado en 2018 a 25 años de prisión por hechos acontecidos 30 años antes.

“Este juicio es muy trascendente, por los años que han pasado, por haber llegado a esta instancia cuando este tipo de hechos generalmente quedan archivados por el paso del tiempo”, indicó Barud.

La abogada de las víctimas asegura que si bien los delitos se cometieron antes de las reformas introducidas por la denominada ley Piazza -de 2011- y la posterior Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas -de 2015-, los casos no están prescriptos y pueden ser enjuiciados en virtud de los tratados internacionales que Argentina ya había suscripto.

La abogada aseguró que si bien los delitos se cometieron antes de las reformas introducidas por la denominada ley Piazza -de 2011- y la posterior Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas -de 2015-, los casos no están prescriptos y pueden ser enjuiciados en virtud de los tratados internacionales que Argentina ya había suscripto.

“Lo que sostenemos, más que la imprescriptibilidad del delito, es que ya existía como tal al momento de los hechos y estaban suscriptos varios instrumentos internacionales de derechos humanos a través de los cuales Argentina se había comprometido a salvaguardar a las infancias, a las mujeres y los derechos humanos básicos”, puntualizó la querellante.

Criterio

No obstante, reconoció que no hay un criterio único en los tribunales.

En ese sentido, recordó que en marzo los jueces Raúl Luchelli Ramos, Carolina Martínez y Mónica Carreira, del Tribunal Oral en lo Criminal Número 2 de San Martín (Buenos Aires), absolvieron al ex cura Carlos José por sexual infantil agravado contra una alumna del colegio parroquial que dirigía, en Caseros (Buenos Aires), hace entre 22 años.

“Todo queda librado a la interpretación que hace cada Poder Judicial. Por eso incluso esta causa la archivó una fiscalía, porque entendieron que estaba prescripta, y luego fue desarchivada, pero no debería ser así”, manifestó Barud.

Para la letrada, en la Justicia Penal debería existir un único criterio en casos de abuso infantil, “en consonancia con los tratados internacionales de derechos humanos”.

Barud recordó que sus asistidas pasaron por distintas instancias judiciales hasta lograr llegar al juicio, ya que el tiempo transcurrido entre los abusos y la denuncia imponía el argumento judicial de la prescripción.

"Pablo Pereyra fue abogado de las sobrevivientes. Él, utilizando su experiencia en juicios de lesa humanidad, incorporó los tratados internacionales de derechos que son ley en el país y la ley 27206 y logró que la causa avance", detalló. [/privado]