ESCUCHAREl jefe de Fiscales de Delitos contra la Integridad Sexual de Mendoza, en su alegato en el tercer juicio del Instituto Próvolo por abusos sexuales cometidos a menores de edad hipoacúsicos, pidió 18 años de prisión para Graciela Pascual (65), exrepresentante legal de establecimiento y una pena de 10 años de cárcel para la monja Asunción Martínez.
En mayo, durante este mismo juicio, pero en otro expediente dedicado especialmente a la monja japonesa Kumiko Kosaka, el fiscal Alejandro Iturbe había pedido 25 años de prisión para la religiosa, acusada por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores, en cinco hechos, e inhabilitación de 10 años para ejercer cargos educativos y de albergue donde haya menores de edad.
Este proceso tiene imputadas a nueve mujeres que trabajaron en el Instituto Próvolo cuando se produjeron los abusos sexuales denunciados, cuando las víctimas eran menores de edad e hipoacúsicos.
Tanto la directiva Graciela Pascual, como la monja Martínez fueron consideradas partícipes necesarias por haber omitido el deber de garantes de las víctimas en los casos de abuso sexual, cometidos por los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi, el jardinero Armando Gómez, ya condenados, al igual que el monaguillo Jorge Bordón, este en un juicio abreviado.
El fiscal Alejandro Iturbide pidió para la exdirectora del Próvolo, Gladys Pinacca, y para la excocinera del instituto, Noemí Paz, 3 años de prisión en suspenso.
En cambio, no formuló cargos contra las otra cuatro imputadas en este proceso, las directoras del Instituto (en distintos años) Valeska Quintana, Laura Gateán, Cristina Leguiza y la psicóloga Cecilia Raffo. Por lo tanto, el Tribunal debería declarar extinguida la acción penal ante la falta de acusación, y al borde de la absolución.
El debate pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 30 de agosto, cuando en la Sala de Audiencias del Polo Judicial de Mendoza sea el turno de los alegatos de los abogados defensores.
