Abuso policial: la Justicia impuso pocas condenas y penas leves

[caption id="attachment_201594" align="alignleft" width="89"] Por Silvina Bazterrechea sbazterrechea@comercioyjusticia.info[/caption] En los últimos años se sustanciaron en Córdoba 54 causas de las cuales sólo 23 llegaron a juicio. De 169 imputados, apenas 16 recibieron una sanción de prisión; siete de cada diez fueron de ejecución condicional. Los malos tratos no se circunscriben a los lugares de encierro En los últimos siete años, en el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba se sustanciaron 65 nuevas causas en las cuales se investigan y juzgan supuestos hechos de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad.[privado] Así lo revela el primer relevamiento realizado sobre el tema, por el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales dependiente del Poder Judicial de Córdoba, sobre las causas que ingresaron a la justicia de la provincia de Córdoba entre enero de 2013 y diciembre de 2019. Los datos vertidos en el informe al que accedió Comercio y Justicia son reveladores respecto de una problemática que se extiende a lo largo del país y dejan en evidencia que Córdoba no está exenta de aquélla. La investigación refleja varios aspectos a tener en cuenta: por un lado, que el abuso policial y los malos tratos de las fuerzas policiales no se limitan a los lugares de encierro (como pueden ser las cárceles) sino que también ocurren en la plena vía pública, en el domicilio de la víctima, otro domicilio o en lugares de esparcimiento nocturno. Otro dato interesante muestra que, en un mismo hecho, en la mayoría de los casos participan varios uniformados ejerciendo violencia contra las víctimas (en algunos casos hay hasta nueve imputados en una causa), lo que revela la connivencia funcional sobre este tipo actuación ilegal. No menos importante es destacar el tiempo que demora la sustanciación de estos procesos y la pena que termina imponiéndose a los agentes policiales, casi siempre aplicándose el mínimo estipulado en la escala penal, ello pese a sumarse -en la generalidad de los casos- el concurso con otros tipos delictivos. Así, el informe destaca que la mitad de los procesos judiciales estudiados permanece en etapa de investigación penal preparatoria. En ellas están pendientes de resolución tres de cada cuatro imputaciones. Finalmente, en cuanto a las condenas aplicadas, la más alta registrada en los siete años que abarca el estudio, fue de cuatro años y medio de prisión efectiva. Ello, a pesar de que los montos de las penas para los delitos estudiados van de dos a seis años de cárcel. Otro dato revelador es que 75% del total de condenas son de ejecución condicional. Perfil y contexto La distribución territorial expone que dos terceras partes de las causas se producen en el interior provincial, y en muchos casos, en lugares alejados de unidades judiciales, por lo que resultaría, en principio, complejo ejercer un control institucional más próximo. Tanto las víctimas como los imputados son mayoría de sexo masculino, destacando la juventud de los primeros que en 49% se encuentra por debajo de los 29 años de edad (con 26 casos de menores de edad). Los victimarios, en tanto, son en general de mayor edad que los primeros (52% de los imputados tiene entre 30 y 50 años de edad). En las 65 causas que componen el universo de análisis ,se identificaron a 84 personas que habrían sido víctimas de los hechos de tortura y malos tratos. De la lectura de los casos se revela que la tortura psicológica está presente prácticamente en todos los casos, y en la mayoría incluye violencia física que ocasiona distintos tipos de lesiones a las víctimas. “La excepción está dada por aquellas causas en que el funcionario policial o carcelero se vale de su autoridad (amenaza/coacción) para lograr determinadas conductas en la víctima”, destaca el informe. Además de que el actuar violento lo produce más de una persona, los elementos usados para la comisión de estos delitos también marcan la desproporción de fuerzas a favor de los agresores, ya que a la violencia física se suman elementos como armas, palos, picanas, gas pimienta, etcétera. Largo proceso judicial En las 65 causas analizadas, resultaron imputadas 169 personas, en la mayoría de los casos acusadas de los delitos de vejaciones, apremios ilegales, privación abusiva de la libertad, omisión de evitar o denunciar torturas. De ese total, sólo 16 resultaron condenados, en tanto que 128 fueron imputados y aún esperan una resolución judicial. De las 65 causas que han recorrido todo el proceso de investigación penal preparatoria, sólo 23 fueron elevadas a juicio. Seis estuvieron en promedio, 566 días corridos en Investigación Penal Preparatoria. A su vez, la media del tiempo en dicha instancia fue de 455 días corridos. Por su parte, aquellas causas investigadas cuya prueba llegó a ser valorada en juicio oral -fueron nueve causas-estuvieron un promedio de 784 días corridos (dos años, un mes y 24 días) -para llegar a esa instancia. La media fue de 800 días. Finalmente, el tiempo que transcurrió en las causas donde se dictó sentencia de sobreseimiento a los imputados fue en promedio de 977 días corridos (dos años, ocho meses y siete días) con una media de 820 días. El informe del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales aclaró que las causas que se lograron estudiar son las que llegaron a ser investigadas por el Ministerio Público, quedando aquellas que no superaron la instancia de sumario sin posibilidad material de ser incorporadas al estudio.[/privado]

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