Abrieron la Feria para notificar a la Caja dos amparos de jubilados

Dos jubilados provinciales que cobran más de siete mil pesos y a quienes parte de sus ingresos les fueron abonados con títulos del Banco de Córdoba, obtuvieron ayer una medida judicial favorable, pese a la feria judicial que rige durante todo enero. Ambos pasivos habían obtenido un amparo para frenar el recorte el 30 de diciembre, pero no habían podido notificar a la Caja de Jubilaciones, precisamente debido al receso estival de los tribunales, hasta que ayer esa posibilidad les fue concedida, según dijo el abogado que los representa, Jorge Gentile.

“El juez de feria Leonardo González Zamar habilitó la feria para que notifiquemos a la Caja”, explicó el reconocido letrado y constitucionalista.

La medida cautelar había sido obtenida ante el juez Aldo Novak. Ambos amparos, presentados por Inés Doselli y Ramón Oscar Pérez, son casos nuevos, que no habían ingresado desde los primeros recortes o desde que se gestó la masiva presentación de recursos de amparo, impulsados, principalmente, por los gremios estatales.

Apelación

La novedad surge luego que la Provincia casó directamente ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) los fallos de dos cámaras civiles –primera y tercera– que declararon la inconstitucionalidad de la ley que avaló los recortes a las jubilaciones más altas y el pago de parte de los haberes en bonos.

La medida de emergencia abarca a casi 8.000 pasivos que cobran jubilaciones superiores a 6.000 pesos y a los que desde agosto de 2008 se les estaba practicando un descuento de 25 por ciento en los haberes, que ahora bajó a 18 por ciento, que se les abona en bonos. Esos títulos se podrán cobrar dentro de un período de tiempo que va de los dos a los ocho años.

Nuevas Medidas de Aislamiento/Noviembre

Asimismo, ayer se confirmó la decisión del Gobierno provincial de aplicar el descuento en los haberes y medio aguinaldo a los jubilados provinciales que ganan más de seis mil pesos, pese a sentencias que impugnan ese proceder, lo cual abrió una nueva polémica entre el Ejecutivo y la Justicia.

El secretario general de la Gobernación de Córdoba, Ricardo Sosa, confirmó que la Provincia apeló ante el TSJ los fallos de dos cámaras civiles –1ª y 3ª– que declararon la inconstitucionalidad de la ley que avaló los recortes a las jubilaciones más altas y el pago de parte de los haberes en bonos.

Por otra parte, Sosa criticó con dureza algunos estudios de abogados, de quienes dijo que “están haciendo fortunas por los amparos” , en alusión a que cada uno facturó “en torno a los 10 millones de pesos”.

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