Los letrados consideran que es inconstitucional y se sumarán así al planteo que hicieron sus pares en Buenos Aires. Mientras tanto, se espera que este miércoles la Comisión Bicameral valide el decreto. Fueron citados miembros de la CGT, la CTA, la UIA y Asociaciones de Abogados.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) se encamina esta semana a ser aprobado en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo cuando se analice su validez en una reunión que fue convocada para la jornada de este miércoles (ver aparte).
Mientras tanto, siguen sumándose en la justicia planteos de inconstitucionalidad que buscan evitar que el decreto entre finalmente en vigencia. Esta semana será el turno del Colegio de Abogados de Córdoba, según adelantó a Comercio y Justicia su presidente, Héctor Echegaray.
Tras analizar el decreto, los abogados locales recurrirán al fuero federal para plantear su inconstitucionalidad. Lo harán, incluso, antes de que el gobernador Juan Schiaretti se adhiera a la normativa, condición que permitirá que la reforma comience a regir también en la provincia de Córdoba.
Los fundamentos del amparo que interpondrán los abogados locales son similares a los de sus pares de la ciudad de Buenos Aires.
Cabe recordar que la semana pasada, al reiniciarse la feria judicial, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) presentó una acción colectiva y en un escrito de 66 carillas que lleva la firma de su presidente, Jorge Rizzo, aseguró que “no existen circunstancias excepcionales” que justifiquen el dictado del DNU y “mucho menos” en una materia ya regulada por un proyecto. En la demanda, que fue sorteada ante la Mesa de Entradas del fuero Contencioso Administrativo Federal, el CPACF denunció que la aplicación del decreto 54/2017 genera “una lesión de imposible reparación posterior” sobre abogados y trabajadores, e incluso letrados que se encuentran trabajando en relación de dependencia.
La lesión, según el escrito, es sobre “el derecho de propiedad y trabajo de los abogados” porque se limita “su derecho a laborar, restringiendo sus honorarios y la facultad de pactarlos libremente”. Para el conjunto de trabajadores, incluidos los abogados trabajadores bajo relación de dependencia, el DNU los priva “de acceder a la justicia y al juez natural, cuando pudieran verse afectados por una enfermedad o incapacidad laboral”.
Es que la medida adoptada dispone que será competente la comisión médica jurisdiccional correspondiente al domicilio del trabajador, al lugar de efectiva prestación de servicios por el trabajador o, en su defecto, la del domicilio donde habitualmente aquél se reporta.
Ni necesidad ni urgencia
Uno de los argumentos centrales que esbozó el CPACF y que Rizzo había adelantado al momento en que se oficializó el decreto, es que no existen los presupuestos para dictar una medida como el DNU para ese caso. “No hay necesidad ni urgencia”, había sostenido.
Además, se cuestionó la materia regulada por el decreto. Los abogados porteños señalaron que se trata de una intromisión del Estado Nacional en la libertad contractual “existente y necesaria en cada relación abogado-cliente” para pactar honorarios, desconociendo “el carácter alimentario de los honorarios profesionales”. El colegio porteño también consideró “infundada” la creación de “instancias previas administrativas” que carecen de poder jurisdiccional para dictar resoluciones con autoridad de cosa juzgada.
“Implica lisa y llanamente una restricción y afectación al trabajo de los profesionales abocados a satisfacer resarcimientos en la materia objeto del DNU y, en consecuencia, un entorpecimiento y limitación al libre ejercicio de la abogacía que esta institución no puede permitir”, advirtieron.
La obligatoriedad de la instancia administrativa previa viola, según el CPACF, el derecho “a acudir a juzgadores idóneos y calificados”. “Obligar al trabajador víctima de un infortunio laboral y a su abogado patrocinante a someterse al arbitrio de una junta médica para resolver un conflicto legal, importa una clara e indiscutible denegación de justicia”, detalló la demanda.
Otras presentaciones
El primero en reclamar ante de la justicia por el DNU de Macri fue el abogado Daniel Igolnicov, quien hizo un pedido de «per saltum» ante la Corte Suprema de Justicia.
«Afecta mi derecho de trabajo, velada pero expresamente, al derogar la ley 24635 que rige el Sistema de Conciliación Obligatoria (Seclo), que es mi medio fundamental de vida», sostuvo el letrado en su escrito.
La cita en el Congreso
Tildado de inconstitucional por la oposición, el decreto que modifica la Ley de Riesgos del Trabajo se debatirá en la Bicameral de Trámite Legislativo en la jornada del miércoles. Allí fueron citados los líderes de la CGT, las dos CTA y representantes de la UIA y asociaciones de abogados.
Por Cambiemos, Pablo Tonelli (Pro) se quejó de la lista de invitados. Dijo que es excesiva y señaló que el debate sobre el DNU es para determinar su validez o invalidez, no para evaluar su contenido. Para el diputado macrista, la amplia convocatoria no va en correspondencia con el cometido de la comisión.
