ESCUCHARJulio Deheza dijo sentirse compungido. Hizo una presentación ante el Colegio de Abogados y la Cámara Federal. Habrá más imputaciones para los policías detenidos por el narcoescándalo.
La secretaria Penal del Juzgado Federal N°1, Liliana Navarro, volvió a quedar ayer inmersa en un escándalo luego de que el abogado Julio Deheza la denunciara penalmente por amenzas.
Según expresó el defensor del exjefe de Drogas Peligrosas de Mina Clavero, Gastón Bustos, la funcionaria le dijo: “No sabés con quién te has metido. Ya vas a ver lo que te va pasar”.
Deheza señaló que las “amenazas” fueron vertidas durante una llamada telefónica, luego de su alegato en el que denunció un supuesto accionar “irregular” de la funcionaria durante la causa que se sigue por el cambio de marihuana incautada por alfalfa y piedras, por la cual su cliente se encuentra detenido.
“Concretamente, me dejó entrever que me iban a pasar cosas, daños”, señaló Deheza. “Estoy muy compungido, mal porque es la primera vez que un funcionario judicial me amenaza”, agregó el letrado.
Deheza informó que además de concurrir a la Justicia, presentó una nota ante el Colegio de Abogados y ante la Cámara Federal de Córdoba.
Más imputaciones
En el marco del narcoescándalo que ya cuanta con ocho policías detenidos, el fiscal federal Enrique Senestrari anticipó que habrá nuevas imputaciones para los uniformados
En ese sentido, sostuvo que hay más pruebas que comprometen a los integrantes de la fuerza aprehendidos.
Por otro lado, el próximo viernes la Cámara Federal de Apelaciones resolverá el pedido de excarcelación del ex jefe de Drogas Peligrosas, Rafael Sosa, y de su par de Mina Clavero, Gastón Bustos.
Sin culpa
La Fiscalía de Instrucción del Distrito 3, Turno 5º, a cargo de Marcelo Hidalgo, solicitó ayer al juez de Control la desestimación y archivo de la denuncia formulada por Roxana del Carmen Luna (viuda del policía Juan Alós) en contra del fiscal de la ciudad de Alta Gracia, Emilio Drazile, por su intervención en el momento del hallazgo del cuerpo sin vida de Alós.
Hidalgo entendió que en el accionar de Drazile no se ha verificado la existencia de conductas ilícitas ni arbitrarias ni malintencionadas, tal como lo exige el bien jurídico protegido por las normas en cuestión.
