ESCUCHARSe archivan todos los casos que ingresan a la Fiscalía Federal Número 6 de Comodoro Py por infracciones menores a la ley de estupefacientes. En Córdoba la situación es similar. El año pasado, un informe local detalló que casi la mitad de los expedientes involucra a usuarios
El fiscal federal Federico Delgado difundió datos sobre los expedientes abiertos en su despacho y detalló que 80% del trabajo de su oficina consiste en decidir la situación procesal de personas detenidas con ínfimas cantidades de estupefacientes.
El funcionario -que tiene a cargo pesquisas complejas, como la supuesta trama de corrupción de la firma Odebrecht en el país, la pesquisa sobre el ex secretario de Obras Públicas, José López, y casos por trata de personas- debe lidiar con investigaciones por tenencia o uso personal de drogas en las que, casi como regla, los implicados terminan liberados de responsabilidad.
Hace unos años, Delgado comenzó a relevar el flujo de causas que entra a su fiscalía según cada turno policial. Los resultados de sus estudios son una de las pocas fuentes de información en el ámbito nacional para indicar la relación entre las fuerzas de seguridad y la Justicia.
De esos documentos surge que las instrucciones por tenencia de drogas para consumo personal no dejan de incrementarse, a pesar del fallo “Arriola”, de 2009, en el cual la Corte Suprema trazó pautas claras de política criminal en la materia y declaró que el castigo a meros usuarios es inconstitucional.
Un ejemplo de la situación es el resultado que dio la medición del turno de abril de 2016, cuando en el despacho de Delgado ingresaron 453 expedientes y 250 -es decir, más de la mitad- fueron por consumo personal de cannabis, con secuestros que no superaron 10 gramos por persona.
Esta semana, el fiscal y su equipo presentaron su nuevo informe, que reflejó el accionar policial del turno de octubre de 2016, con Sebastián Casanello como juez, e indicó que 77% de las causas que llegaron a su oficina de Comodoro Py fueron a violaciones a la Ley de Drogas.
Esa cifra es un pico histórico, ya que en 2011, cuando Delgado comenzó a confeccionar sus reportes, aquellas actuaciones sólo representaban poco más de 50% de los delitos entrantes.
Ninguna prosperó (nadie terminó indagado o procesado) y Delgado objetó el tiempo y los recursos que se pierden a diario por las detenciones indiscriminadas. «Desde el precedente ‘Arriola’, este tipo de procesos culmina en el archivo. Por lo tanto, la inversión económica y la energía humana que se consume en todo el proceso que va desde la detención del infractor, la confección del sumario en papel, el ingreso al sistema judicial y el archivo del expediente, constituyen parámetros que deberían revisarse a la hora de evaluar por qué luego faltan presupuesto para investigaciones cualitativamente más importantes”, plasmó en el último documento que difundió.
TSJ
En Córdoba la situación en similar. A fines del año pasado, el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Tribunal Superior difundió un informe denominado “Fuero Narcotráfico: datos estadísticos de 2015”, elaborado con base en las constancias del Sistema de Administración de Causas y al Sistema de Sumarios del Poder Judicial.
Según ese trabajo, durante 2015 ingresaron a las fiscalías de Instrucción y a las secretarías de Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia 3.005 expedientes por infracciones a la Ley de Estupefacientes. Además, detalló que casi la mitad se vincula con la tenencia simple (45%); que la tenencia con fines de comercialización simple el 20% de los casos y la comercialización, 13%.
Antes, un informe elaborado por el Área de Investigaciones del Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez precisó que 52,4% de las personas imputadas por “narcomenudeo” en la ciudad de Córdoba consume estupefacientes.
