Ariel Malvino tenía 23 años cuando tres jóvenes correntinos le pegaron hasta matarlo, en la mañana del 19 de enero de 2006. Estaba de vacaciones en el sur de Brasil, en la playa de Ferrugem. A diez años de la muerte, sus familiares continúan con el reclamo de Justicia.
Apenas se conoció que los sospechosos identificados por los investigadores brasileños eran correntinos, varios jueces se excusaron de intervenir en la causa por estar vinculados con las familias de los acusados: Eduardo Braun Billinghurst, Andrés Gallino y Horacio Pozo.
Al año de la muerte, Elianne Alfredo Cardoso, jueza de Garopaba, hizo lugar a la acusación que el fiscal Fabio Fernández de Oliveira Lyrio formuló contra los tres correntinos, aunque no dispuso sus detenciones.
Braun Billinghurst, Gallino y Pozo fueron indagados en octubre de 2007, después de responder un cuestionario por escrito. El primero fue acusado de tentativa de homicidio agravado por el estado de indefensión de la víctima y los otros dos por lesiones corporales seguidas de muerte. Los tres se declararon inocentes.
En abril de 2012 llegó a Argentina un exhorto judicial de Garopaba y antes de ser enviado a Corrientes el juez federal Daniel Rafecas cumplió con una primera parte del pedido: tomó declaración a cuatro testigos presentados por la familia de la víctima.
En 2013, para cumplir con la otra parte del exhorto internacional, el juez correntino Juan Carlos Vallejos tomó nuevas indagatorias a los tres jóvenes acusados y a siete testigos propuestos por la defensa.
Las preguntas enviadas por la Justicia brasileña llegaron en portugués, fueron traducidas al castellano y cuando volvieron a Brasil quedaron paralizadas, ya que no se conseguía un perito traductor. Ahora, el caso espera que la jueza Souza Freitas resuelva si hay mérito para elevar la causa a juicio.