En Perú, tras adelantar que analizaba la posibilidad de declarar el estado de emergencia por los disturbios en varias regiones del país, en el contexto de las protestas por el aumento del precio de los combustibles, que ya causaron una muerte y la suspensión de las clases, el Gobierno de Pedro Castillo concretó la medida.
El presidente informó que tras la sesión del Consejo de Ministros se decretó declarar en emergencia la provincia de Lima y Callao, además de toque de queda.
En un mensaje a la Nación, hizo un llamado a la calma y a la serenidad.
En esa línea, dijo que la protesta es un derecho constitucional que “debe hacerse siempre dentro del marco de la ley”.
“Ante los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear mediante el bloqueo en los accesos de Lima y Callao, y en aras de restablecer la paz y el orden interno, el Consejo de Ministros decretó el estado de emergencia suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y libertad de reuniones en la provincia de Lima y Callao”, precisó Castillo.
Alegó que se busca “resguardar los derechos fundamentales de todas las personas” y que la situación no impedirá el abastecimiento de servicios esenciales.
La Defensoría del Pueblo se manifestó en contra de la medida y la definió como inconstitucional “por la ausencia de una debida motivación y por ser absolutamente desproporcionada en relación a los hechos de protesta social registrado en Lima y Callao”.
“No se ha expresado razón alguna que justifique una inmovilización social tan estricta no se ha señalado de qué forma la misma contribuirá a preservar el orden social”, enfatizó.
Dirigentes y juristas también fustigaron el decreto emitido por Castillo.
