ESCUCHARLos inconvenientes que encuenran los fiscales de otros países cuando la trata de personas salta la frontera, también se repiten para los agentes del Ministerio Público federal, que son los encargados de investigar estos hechos.
Días atrás, en un desayuno organizado por este diario, los fiscales federales de Córdoba advirtieron sobre la falta de políticas y recursos para atacar el flagelo y contener a las víctimas, la existencia de policías cómplices del delito y los inconvenientes interjuridiccionales cuando el delito pasa la provincia. El fiscal General, Alberto Lozada, describió un caso con conexiones entre Río Cuarto, Huinca Renancó y La Pampa, donde tuvieron una dificultad con la fiscal pampeana.
Una situación frecuente -dijo- es encontrar mujeres indocumentadas en las whiskerías, que dicen que sus DNI están en la policía porque están tramitando la libreta sanitaria. “Tuvimos un problema serio por descordinación con la Fiscalía Federal de La Pampa. No puede ser que la Policía de alguna forma le dé cobertura a esos lugares, porque sigue existiendo la libreta sanitaria. Quiere decir que existe una relación entre los dueños y la policía”, advirtió.
“Cuando se hizo un procedimiento, ninguna tenía documento y éstos aparecieron en un cajón de la comisaría de la zona. Por supuesto, de las siete chicas, cuatro DNI eran falsos y tenían cambiada la foto y la edad. Todas dijeron que estaban allí porque querían y tengo fotos del lugar, todas vivían: piecitas de 2 por 2,5 metros, que sólo se cerraban por fuera con candado”.
En la vereda
La fiscal pampeana no tenía cómo atenderlas ni protegerlas. Lo primero que hicieron fue llevarlas a la Policía y como las chicas dijeron que estaban voluntariamente, no encontró otras circunstancias para incriminar a los dueños del boliche. Yo los hubiese incriminando mirando la foto de los lugares donde las tenían y ella las dejó en la vereda. Eso es lo peor que les puede pasar, porque el primer auto que se les acerque es del mismo dueño del lugar donde estaban”, concluyó.
