Sólo nueve condenas contra la dictadura

Ramón Torres Molina, es abogado, especialista en Ciencia Política. Fue constituyente nacional en 1994 y diputado nacional en el período que va desde 1997 al 2001. En el 2004 fue nombrado director ejecutivo de la unidad de investigación especializada en la búsqueda de niños apropiados por la dictadura, que pertenece a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Actualmente es el titular del Archivo Nacional de la Memoria y en su visita a nuestra ciudad, Comercio y Justicia dialogó con él en el marco del “II Encuentro Nacional de la Red Federal de Sitios de Memoria”, organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.

– ¿Qué análisis hace respecto del accionar de la Justicia en los delitos cometidos durante la última dictadura militar?
– Sobre esto a mí siempre me parece que lo mejor es hablar de números, que muchas veces son más significativos que miles de palabras. Desde la última dictadura a esta parte, en nuestro país tenemos sólo nueve condenas con 281 detenidos con prisión preventiva (muchos de ellos con prisión domiciliaria), 77 excarcelados, 44 prófugos, 51 que permanecen ligadas a proceso, pero que se les ha dictado la falta de mérito, 140 acusados fallecidos, 262 denunciados sin convocatoria a juicio ni indagados. Esto hay que analizarlo desde la siguiente perspectiva: si uno toma en cuenta que en el país hemos detectado 500 centros ilegales de detención, las cifras que acabo de mencionar se tornan insignificantes porque apenas estaríamos hablando de algo más de un detenido por centro ilegal. Esto se agrava si tenemos en cuenta que este cálculo de 500 centros ilegales es muy estrecho, porque sabemos que hubo por lo menos diez personas responsables por cada centro ilegal, entonces si hay 500 centros ilegales estamos hablando de 5.000 represores. Y esto, por supuesto, es un cálculo que tampoco nos sirve porque hay lugares donde eran mucho más de diez los que participaban en la represión y, además, hay más de 500 centros clandestinos, porque tenemos que tener en cuenta que hay lugares que funcionaron como centros ilegales esporádicos.

– ¿Cómo se modifica esta cifra, qué es lo que está faltando para la agilización de los procesos?
– Faltan reordenamientos de tipo procesal. Por un lado, yo creo que deben aprobarse las cinco leyes que presentó el Poder Ejecutivo. Por otro lado, creo que hay otra cuestión que es fundamental y que tiene que ver con ordenar los juicios por centros ilegales; no se puede hacer un juicio con dos o tres casos y con uno o dos acusados como viene ocurriendo en este momento. Hay que tomar muchos casos y muchos acusados, todos en relación con los centros ilegales. Esta es una insistencia que se ha hecho desde muchos lugares, desde los organismos de Derechos Humanos, incluso desde la Secretaría de Derechos Humanos en las querellas de las que está participando.

“En nuestro país tenemos sólo 9 condenas con 281 detenidos con prisión preventiva (muchos de ellos con prisión domiciliaria), 77 excarcelados, 44 prófugos, 51 ligados al proceso pero que se les ha dictado la falta de mérito, 140 acusados fallecidos, 262 denunciados sin convocatoria a juicio ni
indagados” (..) son cifras insignificantes”.

– ¿Cuáles son esas

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