Por Cristian F. Schneider (*)
El ordenamiento de estos espacios en Córdoba, que se debió actualizar en 2015, está “estancado” debido a que el gobierno cordobés no cumple el proceso que demanda la Ley Nacional 26331/07
La actual Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos Nº9814 de 2010 debe actualizarse, Debe mejorarse, debe funcionar y debe conservar el poco bosque nativo que queda en Córdoba. Esto lo establece la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26331 de 2007, que rige para todo el país. Así, cada provincia debe tener su ley de ordenamiento y un mapa que muestre dónde se va a proteger y conservar los ecosistemas de bosques, consensuando participativamente cómo serán los usos posibles en algunas áreas de éste y actualizando estas decisiones cada cinco años.
Es un proceso de decisión que el Gobierno debe realizar junto a la sociedad. Eso es el proceso participativo, en el que no sólo ministerios provinciales opinan y deciden, sino también gobiernos locales, representantes legislativos, universidades, instituciones y organizaciones civiles y ciudadanas de todo tipo, sean sociales, ambientales, profesionales o cámaras empresariales.
Todos debemos estar consustanciados con el espíritu de la ley nacional, decidir proteger el bosque y aprender a obtener de él lo necesario para nuestra existencia, sin que ello implique su empobrecimiento y destrucción. Todos, representantes gubernamentales y quienes participen desde la ciudadanía, deben conocer, sentir y acordar esto que hoy es ley.
Hoy en Córdoba este proceso no existe. Hay un proyecto de ley guionado por unos pocos, con el acuerdo tácito del Ejecutivo Provincial, que pretende ser aprobado en la Legislatura por la ansiedad de legisladores de UPC y una fracción de la UCR. De esta manera intentan afanosamente arrastrar a que los demás legisladores y bloques apoyen un proyecto que sencillamente quiere disminuir las zonas de protección del bosque de mayor valor de conservación (zonas rojas), permitir actividad en las zonas de uso sustentable del bosque de mediano valor de conservación (zonas amarillas), el desmonte del sotobosque que representa la biodiversidad de fauna y flora presente bajo la cobertura arbórea alta.
Y hasta cambiar la autoridad de aplicación de la ley;y ya no sería la Secretaría de Ambiente (sí, la que debe velar por el bosque y el ambiente) sino otro ministerio, el de Ciencia y Tecnología, el que vela por la promoción de la generación de conocimiento, no por el control y la fiscalización ambiental. Otra sinrazón.
Esta iniciativa no cuenta ni con el proceso participativo pertinente que la Secretaría de Ambiente debería liderar, ni siquiera con el mapa de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (zonas rojas y amarillas fundamentalmente). Observación que el mismo Gobierno Nacional le ha realizado a la Provincia y, por lo cual, de ser aprobado este proyecto de ley no sería técnicamente válido para acceder a los fondos que la Ley Nacional prevé para proyectos de conservación o de uso sustentable.
Un inexplicable callejón que conduce a pensar que a las cámaras empresariales de los grandes productores agropecuarios que están pretendiendo este tipo de Ley (Cartez, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, Coninagro) esto no les interesa realmente, ni la participación ciudadana, ni la protección del bosque, ni la búsqueda de consensos en la sustentabilidad del bosque, ni los fondos de la Ley Nacional, ni el bosque mismo. Por esto nos llaman ambientalistas.
Sólo les interesa intensificar su receta económico productiva. Y el precio lo pagamos todos: un sistema natural desequilibrado, de inundaciones y de sequías, de desaparición de especies, de menos campesinos, de menos cultura del monte, de pérdidas de vidas humanas, a dos años ya de las inundaciones del 15F en Sierras Chicas.
Frente a este estancamiento en la legislatura y a las sinrazones, mujeres y hombres preocupados por el bosque y la vida que depende de ellos, desde científicos, artistas, profesionales, campesinos y productores, ciudadanos de todos los rincones, proponemos la mejor y quizás más efectiva solución: actos de inteligencia y conciencia.
Aceptar que existe una forma de hacer las cosas que implica que todos tenemos el derecho de ser parte activa en la toma de decisiones de cómo queremos vivir en sociedad y en sintonía con los pulsos del sistema natural, ayudando a recuperar, a mejorar y a aumentar aquello que necesitamos para vivir: el bosque. Con sus cuencas, su agua, con sus servicios, con sus frutos y productos, con su belleza, con la posibilidad de trabajar en él, pero hacia él, en forma no regresiva.
Eso es el proceso participativo de decisión, un acto de madurez política que deben dar gobernantes, legisladores, empresarios y la ciudadanía toda para decidir en conjunto como vivir y producir.
(*) Biólogo – Docente y consultor en Áreas Protegidas y Sistemas de Información Geográfica. Miembro de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo.
