ESCUCHARUna de las lecturas de la crisis global es el incremento en la litigiosidad. César Arese, doctor en Derecho, profesor de la UNC y camarista laboral, adelanta su análisis sobre esta realidad en Córdoba, mientras se prepara para exponer en el XIX Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que tendrá lugar en Sydney, en setiembre. Allí hablará sobre “Participación de los trabajadores y negociación colectiva de crisis”. Antes, dialogó con Comercio y Justicia.
– ¿De qué manera se trasladó la crisis globala los tribunales laborales?¿Qué indica a los magistrados que esta crisisya sejudicializó?
– Los efectos de la crisis global no son inmediatos, ni muy perceptibles a simple vista en el ámbito judicial. Entre octubre de 2008 y mayo de 2009 se registraron 202 pedidos de Procedimientos Preventivos de Crisis (PPP) que afectaron a 7.563 trabajadores. Entre diciembre 2008 y marzo 2009 hubo un total de 162.872 bajas de trabajadores cotizantes de la seguridad social (2,4% de los registrados) y se reconoce un incremento del nivel de desocupación plena. Muchos de esos conflictos derivaron en despidos, este fenómeno y la consecuente litigiosidad directa e indirecta se ve en el tiempo. Previsiblemente, el trabajador que pierde su puesto, ejerce reclamos ligados a su despido, como por otros aspectos del nexo de trabajo -diferencias salariales, accidentes, enfermedades- y aquí hubo un incremento de la litigiosidad.
– ¿Existe estadística o indicio de que después del 2001/2002, los trabajadores usen más las herramientas de negociación evitando llegar a tribunales?
– El tratamiento laboral de las crisis evolucionó desde la resolución bilateral (obrero-patronal), pasando por la colectivización que significan los PPC (empresa-sindicato) hasta su tratamiento tripartito actual (empresa, sindicato y Estado). En las situaciones de crisis empresaria existe intervención activa del Estado, como conciliador pero también como un sujeto o parte más en el conflicto. La negociación colectiva obligatoria impide los despidos, pero a la vez habilita los planes de sustitución de salarios amortiguando los efectos de la crisis. A nivel nacional, en junio 84.628 trabajadores de casi 1.500 establecimientos, recibían casi 200 millones de pesos en salarios del Programa de Recuperación Productiva. Sin embargo, los despidos individuales y la “desregularización” de trabajadores son evidentes y medibles, pero no se evitan. Con esto, se está produciendo un nuevo deterioro y regresión en el mundo laboral.
– Con esta crisis, ¿qué cuellos de botella debe dirimir elderecho laboral y cuáles son los resortes más utilizados por los trabajadores y empresarios?
– Por lo menos dos. En primer lugar, no aparece seriamente lo que aconsejó la Organización Internacional del Trabajo en su última conferencia: la negociación de pactos de empleo destinados a lograr trabajo decente y justicia social frente a la globalización. La negociación colectiva sectorial es importante, pero insuficiente. Hay necesidad de acuerdos integrales de desarrollo negociados tripartitamente, pero de forma genuina y democrática, con participación de trabajadores y empresarios y no como intercambio de favores electorales o económicos o para montar ciertas escenografías momentáneas, provinciales o nacionales.
En segundo lugar, no se garantiza suficientemente el orden públic
