ESCUCHARLas planteó el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo. Entre otros puntos, el primer proyecto prevé un aumento de las escalas para los delitos de corrupción. En tanto, el segundo establece una batería de medidas para contener a las víctimas
El jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, anunció que insistirá con la reforma del Código Penal (CP) que se impulsó durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri.
El dirigente, que aspira a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, señaló que el debate se suspendió en 2019 porque, según estimó, “el oficialismo está más preocupado por una reforma judicial de espaldas a los problemas de la gente que de las reformas necesarias para enfrentar los hechos de inseguridad”.
La iniciativa plantea actualizaciones sobre combate del crimen organizado, narcotráfico, terrorismo y accidentes viales.
El texto incorpora la posibilidad de decomisar en forma anticipada los bienes de personas sometidas a procesos criminales.
También define criterios objetivos para la determinación de las penas. Así, por ejemplo, establece que la violencia de género es una circunstancia agravante que obliga al juez a imponer una sanción dentro del tercio superior de la escala que corresponda para cada delito.
En cuanto a los reincidentes y autores de ilícitos graves -como narcotráfico, homicidios; abusos sexuales y secuestros extorsivos agravados; trata de personas; corrupción de menores y terrorismo, entre otros- determina que no podrán acceder al beneficio de la libertad condicional.
En tanto, para fortalecer la prevención y teniendo en cuenta el alto nivel de reincidencia, suma el seguimiento socio-judicial aún después del cumplimiento de la pena para condenados por delitos especialmente graves, como el homicidio agravado.
Seguridad
Sobre el accionar de las fuerzas de seguridad, incorpora expresamente la exención de responsabilidad cuando un miembro de aquéllas cause lesiones o muerte en cumplimiento del deber y en uso de su arma reglamentaria. Además, prevé que el crimen de un agente ser un homicidio agravado con prisión perpetua.
En cuanto a la lucha contra la corrupción, el proyecto prevé un aumento de las escalas penales.
Además, añade delitos para castigar el terrorismo con fuertes penas de prisión para los jefes y organizadores.
Otro proyecto de ley que promueve Ritondo es el de un nuevo Régimen Penal de la Minoridad.
El diputado sostuvo que el Estado está abandonando a la víctima y también a los menores.
Juzga que, como están las cosas, lo más probable es que vuelvan a delinquir “porque no hubo costo en su accionar ni seguimiento por parte de las autoridades sobre su trayectoria de vida”.
Bajo esa premisa, asegura que es necesario reducir la edad de imputabilidad a 14 años y establecer un régimen especial entre esa edad y los 18.
Ritondo recordó que el articulado reemplazaría a la ley vigente, que data de 1980, de la época de la última dictadura militar, y que -enfatizó- se trata de una norma “desactualizada y obsoleta”.
Insistió con que su propuesta no sólo busca darle contención y reparación a la víctima del delito sino también brindar un proceso adecuado al menor de edad que delinque, promoviendo el efectivo cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y de la normativa general sobre niñez y otros tratados internacionales a los cuales el país adhiere.
Establece órganos específicos en la materia, con funciones de investigación, defensa, juzgamiento, ejecución y de revinculación social.
Indica que el menor siempre tendrá derecho a ser oído en cualquier etapa del proceso y que más allá de su defensa técnica contará con el acompañamiento de sus padres o responsables o, en su defecto, de un referente que los contenga “en la dimensión psicológica y afectiva”.
La iniciativa regula que el juez podrá aplicar: amonestación; reparación a la víctima; prestación de servicio a la comunidad; libertad vigilada; internamiento terapéutico e internación en centro especializado.
A su vez, determina que, a pedido del fiscal, se podrán pedir distintas medidas cautelares, como la prohibición de salida del país, la de asistir a reuniones o espectáculos públicos y la de conducir vehículos, así como el arresto domiciliario.
